No. Es peor.
Este ministro, el autor de esa ley represiva propia de un Estado policial por la que se suprimen derechos básicos de la gente y se hostiga a los manifestantes, es el mismo que maltrata y quebranta derechos de los inmigrantes en las fronteras y también el mismo que recibió en su despacho oficial a un presunto delincuente inmerso hoy en un proceso penal que era de su partido, el amigo Rato. ¿Hay alguna duda de que un hombre con esta ejecutoria contraria a la seguridad del Estado de derecho y a las libertades públicas más elementales no es la persona más adecuada para velar por el recuento de los votos el día 26?
Tampoco es la primera vez que se pone en duda su idoneidad como garante de la limpieza de las elecciones. La adjudicación del escrutinio de las anteriores a una empresa está denunciada y sub iudice, bajo sospecha de cohecho y otras prácticas ilícitas y en esta convocatoria electoral ya media una denuncia de Unidos Podemos contra el PP ante la Junta Electoral central por emplear recursos públicos, institucionales, estatales, en pro de sus intereses.
Nos quedamos cortos poniendo en duda la integridad de Fdez. Díaz para organizar el recuento de los votos. Es más, muchos creemos que, después de sus repugnantes encuentros con el tal De Alfonso, debiera haber dimitido. Pero como, siguiendo la costumbre de estos gobernantes franquistas de no dimitir jamás por nada, no ha puesto su cargo a disposición de su jefe, estamos obligados a pedir la presencia de observadores internacionales.
La confianza, ya se sabe, es un vidrio muy fino. Cuando se rompe hay que cambiarlo. La confianza en el talante democrático de los miembros del PP no es fina; es inexistente.
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