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martes, 17 de diciembre de 2013

Criminalizar la pobreza Miguel Santiago Losada, profesor y presidente de la Asociación Kala


Enviado a la página web de Redes Cristianas
El gobierno municipal está elaborando un borrador de ordenanza en el que se multa con 900 euros a aquella persona que extraiga basura de un contenedor. Si por un momento nos paramos a reflexionar en el sujeto sobre el que susceptiblemente recaerá tal sanción, imaginamos su rostro, lo primero que nos debería de brotar es un sentimiento humanitario que nos llevará a preguntarnos si este sistema tan injusto no ha multado ya lo suficiente a una persona que se ve obligada a estar rebuscando comida o chatarra en los contenedores.
Por otra parte, me pregunto cómo una persona que busca entre la basura puede pagar una multa de 900 euros, a no ser que se le trate con el mismo rasero que a algún capitular que se sienta en el Ayuntamiento, cuya multa millonaria no paga, y sobre el que la presión consistorial, cuanto menos, es un tanto laxa.
No resulta baladí este tipo de ordenanzas, que dejan traslucir ideologías en las que la persona pobre y excluida es un ser que afea y molesta y, por tanto, hay que barrer de nuestras calles. Criminalizar la pobreza es algo consustancial a ideologías conservadoras, que entienden que la persona pobre y excluida es la única responsable de su situación, y por tanto, con ellas sólo cabe el castigo y/o la beneficencia. Pero no se le pueden poner puertas al campo: a base de multas, sanciones, cuchillas en alambradas, etcétera, es decir, a base de represión, no sólo no se resuelve el problema sino que añade grandes dosis de inhumanidad y sufrimiento.
La pobreza se combate con empleo, con formación, con educación, con salud, con vivienda; la pobreza se combate posibilitando que las personas puedan gozar de los derechos que emanan de la Carta Universal de los Derechos Humanos, de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía. Por consiguiente, invito al Ayuntamiento de Córdoba a que ponga toda su energía en cobrar las multas millonarias impagadas para, con ese dinero, desarrollar programas de empleo, programas sociales, programas educativos, para que las personas no se vean obligadas a rebuscar entre la basura.

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