Legionarios fuera de la ley

 

Alejandro Gutiérrez

Revista Proceso

La Legión de Cristo protagoniza otro escándalo: el 12 de marzo el Ministerio de Empleo de España recibió una solicitud para que se inspeccionen todos sus colegios y seminarios por la presunción de que ninguno de sus aproximadamente 400 trabajadores está dado de alta en la seguridad social. Si la inspección confirma que los legionarios incumplieron con fa obligación de dar de alta a su personal para que cotizara al seguro social, “estarían en el supuesto de haber cometido un fraude fiscal de grandes dimensiones”, dice en entrevista con este semanario Patricio Cerda Silva, de la Asociación de Víctimas de los Legionarios (AVL).

Integran esta asociación -presidida por Emilio Bartolomé- unos 200 exlegionarios y exconsagradas, la mayoría de los cuales no cotizaron durante su estancia en la congregación y que están próximos a formular “una cascada de denuncias civiles” contra la Legión. ”Los tribunales son la última opción”, afirma Cerda. En el último año y medio la AVL ha mantenido comunicación, a veces hasta varias veces por semana, con líderes de la Iglesia católica para buscar una solución dialogada, pero todo ha sido inútil.

El entrevistado y Bartolomé muestran al reportero las decenas de correos electrónicos y cartas dirigidas al delegado apostólico para la Legión de Cristo y el Regnum Christi, el cardenal Velasio de Paolis; al director general de los Legionarios de Cristo, Alvaro Corcuera, y a Silverio Nieto, responsable de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Señala Cerda: “Emilio le ha escrito decenas de veces a De Paolis, que lo entendíamos como el hombre del Papa que abordaría el tema de todas las víctimas de la Legión, pero hemos chocado con un muro.

Su respuesta ha sido el silencio. Él, que repite en cada uno de sus discursos públicos las bondades de los líderes de la congregación, no ha mostrado la mínima voluntad de poner contra las cuerdas a sus principales directivos para que solucionen el problema y cumplan la ley.

“He tenido una intensa comunicación epistolar con Alvaro Corcuera para tratar de resolver por la vía del diálogo este tema y el del limitado esfuerzo que ha hecho por acercarse a las decenas de víctimas (de abuso sexual del máximo líder legionario) de Marcial Maciel. No hay respuesta.” En el abandono Cerda Silva abandonó La Legión de Cristo por los casos de abusos sexuales cometidos por Maciel. Incluso narra al reportero que fue testigo de la violación de un novicio por un directivo de la congregación, caso que denunció a sus superiores, quienes encubrieron al responsable y lo enviaron a Alemania. “Salí asqueado de tanta mentira y de los delitos que encubrió la cúpula de la congregación”, dice. Luego de muchas gestiones, en junio de 2010 obtuvo su dispensa eclesiástica, lo que lo desligó formalmente de los legionarios.

“Empecé a organizar mi vida civil pero es cuando me doy cuenta de que nunca había cotizado a la seguridad social. Al crear la asociación para acompañar a decenas de excompañeros legionarios y ahora amigos que fueron abusados por Maciel, me doy cuenta de que así como yo estoy desamparado, lo está prácticamente la mayoría.

“Así sucede con los casi 200 miembros de la Asociación y tenemos la certeza de que ocurre lo mismo con los aproximadamente 400 religiosos y laicos que hay en los centros educativos de la congregación.
Ninguno tiene historial en la seguridad social porque ninguno ha cotizado. Eso nos impide solicitar un préstamo bancario o, como me sucedió a mí que estoy desempleado, apuntarme al paro (el servicio de subvenciones que el gobierno español otorga a quienes carecen de trabajo) porque no alcanzo el requisito de haber cotizado un mínimo de tres años, como exigen las normas españolas”, dice.

“Le exigimos a la Legión que nos responda por esto. No le pedimos caridad, exigimos justicia por ser nuestro derecho y su obligación ante las leyes españolas”, apunta indignado en entrevista telefónica desde Sevilla.
Asesorados por un abogado, los exlegionarios tienen definida ta estrategia y la exigencia a la Legión, demandándola “por daños y perjuicios”. Primero le dieron prioridad al diálogo.

Según los correos electrónicos a los que el reportero tuvo acceso, el 16 de mayo de 2011 Cerda se dirigió al jesuíta Ghirlanda Gianfranco, entonces rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y actual encargado de las consagradas del Regnum Christi, y uno de los cuatro consejeros del cardenal De Paolis.

Pidió su mediación porque los Legionarios lo dejaron “desprovisto de cualquier tipo de ayuda material” y en “vacío legal” en lo que respecta a la vida laboral. Gianfranco le sugirió lograr un acuerdo en vez de llegar a los tribunales. Entonces comenzó una intensa comunicación con el director general de la Legión de Cristo, donde pese al lenguaje amistoso, el inconforme le dice a Corcuera que “no es caridad” lo que están pidiendo “sino justicia”, tal como lo reflejan los correos electrónicos de los pasados 17 y 20 de mayo. El 22 de mayo Corcuera respondió: “Evaluaremos detenidamente todas las peticiones concretas y debidamente motivadas por ti u otras personas (que) nos presenten para encontrar una solución justa”.
El 27 de jumo recurrió a Sitverio Nieto, directivo de los servicios jurídicos de la CEE para consultarte si la Comisión de Acercamiento de las Víctimas que creó De Paolis tiene previsto reunirse con los exlegionarios. Pero le respondió que no pues la comisión sólo es para atender los casos de “conductas impropias o presuntos abusos que, según los afectados, pudieran ser atribuidos” a Maciel.
El pasado 24 de enero Cerda volvió a comunicarse con Corcuera para decirle que “la paciencia tiene un límite y quise darte la oportunidad de llegar a un buen entendimiento, pero no veo un diálogo sincero de parte de usted”.
Un día después Corcuera le notificó a Cerda que su caso lo vio el consejo general de la congregación, pero que el asunto tendrá que ser resuelto en España por el director territorial, Jesús María Delgado. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta, asegura el entrevistado.

La inspección El pasado 12 de marzo Cerda y los exlegionarios Thomas Joseph Hennigan, César Alejandro Castillo y Femando Mazarambroz -dirigentes de la asociación- presentaron el escrito de denuncia en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, solicitando la inspección en los colegios legionarios.

En el documento, copia del cual tiene Proceso, se señala que la petición de inspección en los colegios de los legionarios se basa en lo que obliga la legislación a toda congregación religiosa para dar de alta a sus religiosos como lo impone el Real Decreto 2398/1977, por el que se regula la seguridad social del clero, y el Real Decreto 3325/1981, que incorpora al régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a tos religiosos o religiosas de la Iglesia católica.

Explica que se enlistaron todas las instalaciones de la congregación en España porque “tenemos información que nos da la certeza de que la gente trabaja mucho, haciendo actividades religiosas o no religiosas, y que por ende deberían estar inscritos en la seguridad social… pero no es así, no cotizan”.
-¿O sea que aún no acaban los escándalos de los Legionarios de Cristo? -se le pregunta.
-No. Esto es una canallada. No sólo es un fraude ante las leyes civiles, sino que es una acción que va contra los preceptos fundamentales del derecho canónico, va contra la más elemental justicia, contra las leyes elementales. Y de esto está perfectamente enterado el delegado pontificio (De Paolis) nombrado por Benedicto XVI.