Borja Aguirre
RC
La reforma constitucional que han planteado los dos principales partidos políticos españoles, sin debate parlamentario ni consulta a la ciudadanía, es uno de los mayores ataques a la democracia, si no el mayor, que ha sufrido el país tras el final de la dictadura franquista
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El impedimento legal al aumento soberano del déficit es una medida suficientemente grave como para salir a las calles; sin embargo, además de eso, escondido en mitad del punto 3 del nuevo artículo constitucional se encuentra la siguiente joya:
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.”
Dicho de otra manera: si el país quiebra y llega a una situación de impago, los bancos tendrán prioridad absoluta para cobrar, y lo que se suspenderán serán las nóminas de funcionarios, pagos de pensiones, etc. Más aún. Si España llegase a una situación de ‘default’ o impago, no podrá utilizar la herramienta fundamental que han utilizado otros países (Argentina, Ecuador…) para salir de su situación, que es la renegociación de la deuda, es decir, una ‘quita’ de la deuda en un determinado porcentaje, que sería lo que los bancos habrían perdido.
Los bancos, con esta reforma constitucional, tienen la sartén por el mango, y el país perdería por completo su capacidad de negociar con ellos, condenándose a sí mismo a vivir en un régimen de esclavitud, trabajando por salarios míseros y enviando los beneficios al pago de la deuda con los bancos durante décadas.
¿Es ciencia-ficción esta situación? Mientras escribimos estas líneas (viernes por la noche), el G-7 se está reuniendo de urgencia, en una reunión de fin de semana, para tomar una decisión sobre Grecia, que está técnicamente en quiebra. Grecia no está siendo actualmente capaz de conseguir dinero para financiarse mediante bonos (los bonos a un año se están pagando a un interés de… 98%!!), y su única salida para evitar el ‘default’ es un nuevo rescate, que genera una enorme oposición tanto dentro de Grecia (por los recortes sociales que lo acompañan) como fuera (algunos países no quieren poner más dinero).
Si definitivamente Grecia termina cayendo en un impago, cosa que es probable que suceda en las próximas semanas o meses (según algunos medios de comunicación, en días), eso llevaría a un efecto dominó que aumentaría las posibilidades de quiebra de otros países y de algunos bancos. Es posible que un corralito no esté tan lejano en España como nos quieren hacer creer.
Quizá eso explique la enorme prisa que se está dando el gobierno en la aprobación de este verdadero golpe de estado de los bancos a nuestra democracia.
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