Brasil: El Congreso frena a Bolsonaro en su intento de otorgarse plenos poderes

 Víctor David López

Público

Tras la sustitución de seis ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas llegó el proyecto para activar la “Movilización Nacional”, que interviene procesos productivos, requisita bienes y servicios y convoca a civiles y militares.

Lo primero que hizo el presidente Jair Bolsonaro tras crear el nuevo caos dentro del caos –sustituyendo a seis ministros, incluyendo el de Defensa, y a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas– fue intentar tramitar en el Congreso Nacional, a través de un militar diputado federal aliado, Vitor Hugo (Partido Social Libertal, PSL), un proyecto de ley que le permitiera activar el dispositivo de Movilización Nacional ideado para tiempos de guerra.

Esta herramienta hubiera dado vía libre a Bolsonaro, según la reglamentación vigente, para la “reorientación de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes y la utilización de servicios; la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisición de bienes y servicios, y la convocación de civiles y militares”. Algo con “malas intenciones”, sospecha el diputado federal Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). “Una coincidencia muy grande”. Para el veterano parlamentario, el proyecto –que fue paralizado por los líderes de los bloques en el Congreso–, buscaba atribuir al presidente “poderes que no puede tener, y sería un desastre, además de atacar al Estado de Derecho y al pacto federativo, agudizaría a crisis sanitaria”.

Desde el conservadurismo también han llegado críticas a la maniobra bolsonarista. “Esto significa pasar al presidente de la República el comando directo de las policías militares, que hoy están bajo la tutela de los gobernadores, como define la Constitución Federal en el Pacto Federativo”, alertaba el diputado federal Kim Kataguiri en sede parlamentaria, referencia de la joven derecha brasileña. “Tiene apariencia de golpe, huele a golpe”. Es, también, como añade Valente en conversación con este diario, “un intento de asfixiar la acción de los gobernadores y los alcaldes en la pandemia. Una especie de estado de sitio, que anda persiguiendo”.