Un gobierno inaguantable

Jaime Richart, Antropólogo y jurista

Cuando se enfrentan dialécticamente a mí personas muy respetables y sesudas sobre el asunto catalán, me niego a en­marcar la controversia con mis interlocutores en claves políti­cas, pues yo analizo este galimatías a través de otra pers­pectiva en la que están presentes por en­cima de todo lo demás los valores éticos, morales y humanistas que el go­bierno, sus socios y palafreneros y quienes lo han facilitado el poder desprecian por motivos varios, que van desde la in­dolencia hasta los electoralis­tas. Me refiero al contraste en­tre la manera de ejercer la política un gobierno de rasgos proba­damente involucio­nistas en una España donde hay 58.000 mi­llonarios más en un año al lado de 2,2 millones de parados a la espera de una renta mínima, y el modo univer­sal de en­tender el espíritu de la Carta de las Naciones Uni­das, de los princi­pios estatutarios de la Unión Europea, del derecho de ex­presión y autodeterminación de los pueblos y de la Decla­ración de los Derechos Humanos…

En resumidas cuentas, me desespera explicar lo obvio por­que es lo más difícil de explicar… Y lo obvio en este caso es que tenemos un gobierno insoportable.

1- Porque para mí y para millones de personas éste es un go­bierno cuyos miembros proceden de un partido polí­tico donde abundan los ladrones, los trapaceros, los mentiro­sos, los necios y los maquinadores. Al final, los in­de­seables.

2- Porque se trata de un gobierno que obstaculiza a me­nudo la labor de la justicia influyendo sobre la fiscalía y so­bre ciertos jueces de órganos judiciales (o los depura y aparta), para propiciar la medio impunidad o la impuni­dad completa de miembros de la monarquía y de tantos del par­tido incriminados por delitos gravísimos que han empobre­cido al país y han situado al borde de la miseria o en la pro­pia miseria a millones de personas…

3- Porque, para una gran parte de la población espa­ñola, el desamparo institucional es un sentimiento hondo muy ex­ten­dido. Y lo es, porque ni el gobierno, ni su par­tido, ni la Fis­calía, ni algunos jueces, ni el Tribunal Consti­tucional tie­nen credibilidad alguna aunque mu­chos les votaran quizá porque ignorasen el alcance de sus fechorías.

4- Porque el avatar de Catalunya ha sido un cúmulo de pro­vocaciones y despropósitos de este gobierno y de los órga­nos institucionales cómplices. Primero porque el Tri­bu­nal Constitucional reprimió prácticamente el Estatut apro­bado por el Parlament, constituyendo por sí mismo este hecho una afrenta contra el pueblo catalán. Segundo, por­que esa afrenta no tuvo inconveniente en agravarla el go­bierno al prohibir una simple consulta sobre la indepen­den­cia que no era vinculante y además iba prece­dida de en­cues­tas y son­deos desfavorables, y los ca­talanes lo sabían. Y tercero, por­que al impedir un referén­dum pacífico y orde­nado que era un mero ejerci­cio democrático, demostró la tur­bia pero pa­tente mala fe de estar deseando aplicar el 155, sólo justificado si des­pués se hubiese producido la Declara­ción de independen­cia fuese cual fuese el resultado de la con­sulta.

5- Porque la forma violenta de actuar o intervenir sus po­lic­ías en la intentona de referéndum, y la aplicación mi­sera­ble posterior del art. 155 (con una interpretación muy cer­cana al rigor que en tiempos del colonialismo los países apli­caban a situaciones semejantes en sus colonias díscolas) se añaden, tanto a la índole de bandidaje organi­zado del par­tido, así de­clarado en instancias judi­ciales, como al carác­ter totalitario del gobierno.

En resumen, yo acostumbro (pues eso es lo razonable si de­seamos el rigor intelectivo) argumentar desde la Lógica for­mal, Y desde ella sabemos que si la premisa mayor es falsa o está vi­ciada, el resto de la argumentación y la conclu­sión son falsos o están in­vali­dados. Así es que si el go­bierno es prácticamente un oportu­nista y la Cons­titución de 1978 es una compo­nenda de los poderes fácticos de enton­ces para que siguie­ran prevale­ciendo los apellidos pri­vilegiados, el re­sto de las deliberacio­nes carecen del in­terés que podrían tener si tanto el gobierno como la Constitu­ción no fuesen dos colosales im­posturas. Y como lo son, todo esfuerzo de las fuerzas polí­ticas que representan de hecho a casi tres cuartos de la población debiera ir diri­gido a derrocar al uno y abolir la otra, sin perderse por las ramas en cues­tiones de coyun­tura como el de la pretendida independencia de Catalunya…

21 Noviembre 2017