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Nos sentimos en el deber moral de mostrar nuestro apoyo a los concejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer ante el ataque que están sufriendo por parte de la maquinaria del PP y sus medios de comunicación afines. Así mismo, nos vemos éticamente obligados a denunciar la criminalización que está llevando a cabo el Partido Popular (la cual se está viendo incrementada de manera directamente proporcional a sus cada vez más numerosos escándalos de corrupción).
En el caso de estos concejales, todo parece una estrategia para tratar de intimidar y tapar la dudosa legitimidad de los 140 millones de euros que en el 2021 habrá tenido que pagar la ciudadanía madrileña en un convenio para celebrar un torneo de tenis de dudoso beneficio con respecto a su coste. Dicho convenio viene siendo perpetuado e incrementado por los sucesivos gobiernos del PP desde su inicio, en el 2001, por el entonces alcalde Álvarez del Manzano.
El PP ha presentado una querella ante la que simplemente se ha convocado a los dos concejales a declarar para dirimir los hechos acaecidos. Estamos hablando de un tipo de procedimiento que se admite a trámite de manera automática, que no implica presunción de delito de ningún tipo y en el que no hay ningún auto formal de acusación. La estrategia de ataque, castigo e intimidación es clara con el fin de tapar las más que evidentes irregularidades y presuntas ilegalidades que se han producido en torno al Open de Tenis.
Esta querella contra los concejales madrileños es presentada en un momento en el que no se está hablando lo suficiente de la comisión de investigación sobre la caja B del PP, de los 60.000 millones de euros que nos han hecho perder a todos los españoles con el rescate a la banca, de su flagrante incumplimiento del compromiso de acogida de personas refugiadas, etc. Y es que, en lugar de asumir responsabilidades, la estrategia del PP está siendo intentar hacer ver que todos los políticos son igual de corruptos que ellos. El partido en el gobierno cuenta en estos momentos con más de 850 imputados y se ha visto implicado en más de 60 casos de corrupción.
De esta ofensiva tampoco se han librado todas aquellas personas que desde el poder judicial han trabajado persiguiendo la corrupción del PP. El último caso lo hemos visto con el comunicado que sacó el PP haciendo una dura crítica de los magistrados del caso Gürtel.
En Cataluña se ha seguido una estrategia similar con la judicialización del Proceso Constituyente. Es alarmante que, en una democracia, haya más de 20 cargos públicos catalanes con causas abiertas por su papel en dicho proceso. El PP lleva a extremos insospechados su estrategia de criminalización respondiendo por vía judicial a un debate político en el que lo fundamental debería ser el diálogo.
Pero, sin lugar a dudas, la peor parada está siendo la ciudadanía desde la entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la Ley Mordaza. En base a esta ley, solo en el año 2016 se pusieron 34.000 multas de un importe que iba desde los 601 a los 30.000 euros. Parece que se ha conseguido que salga cara la protesta ciudadana. ¿Hasta qué punto leyes de este tipo que castigan la libertad de expresión son tolerables en un Estado democrático?
El PP criminaliza a toda aquella persona que trate de destapar su corrupción, a su oposición política, al poder judicial, al proceso constituyente de Cataluña, a la protesta ciudadana… ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer impasibles ante el terror del PP? Parafraseando al pastor luterano Martin Nïemoller en su sermón titulado “¿Qué hubiese dicho Jesucristo?”: “Cuando […] vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.
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