Hace unos días escuché por la tele a uno de los dirigentes de este partido, elevar una crítica muy bien traída, a dos ministros del Gobierno, y, por extensión, a muchos de los voceros, que me parece mejor que portavoces, del PP. Los ministros en cuestión eran, como he insinuado antes, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Asuntos Exteriores, José García-Margallo, por las extemporáneas, injustas, y descabelladas afirmaciones de ambos. El primero, afirmando que “a ETA le gustaría un Gobierno de PSOE y Podemos”, entre otras salidas de poco, o nulo, tenor democrático, y el segundo, que esa misma coalición provocaría la salida de España de la liga anti hiyadista, y la desbandada de los créditos internacionales.
El centro y la base de la argumentación crítica de Íñigo Errejón eran impecablemente democráticas. Según su opinión, los ministros de un Gobierno, lo son, como dice el slogan, “Gobierno de España”, y no de una facción o partido. Si los ministros expresaron su opinión usando información privilegiada, llegada hasta ellos por motivo de su cargo, están abusando de esa información a favor de una parte de la ciudadanía, y en beneficio de su propio partido. Y si sus opiniones no son fruto de información contrastada, entonces están rayando la calumnia, y demostrando una inaceptable irresponsabilidad. Esto en lo que toca a estos dos ministros. Pero hay más.
Al propio presidente Rajoy le he oído hoy afirmar que un Gobierno PSOE-Podemos sería un Gobierno de la irresponsabilidad, poco serio, fruto de combinaciones caprichosas, tendentes solo a alcanzar el poder por parte de los dirigentes de estos dos partidos. Dejando claro, con toda evidencia, que él, si entorpece la organización de ese Gobierno lo haría por el sacrosanto deber de buscar siempre el bien de la Patria, y no para continuar otros cuatro años en el poder. A esto yo no respondo con una crítica cerrada, ni dura. Pienso que todos los que se lanzan a la lid política tienen, como objetivo final, alcanzar el poder, igual que no significa ambición desmesurada que un equipo de fútbol que comienza una liga pretenda ser, al final, el campeón. Lo único criticable en los ejemplos presentados es que uno solo de los contendientes se considerase habilitado para la victoria final, y los otros pretendientes, por serlo, tuvieran que ser considerados ambiciosos, sin escrúpulos, e irresponsables.
Continuaré con le ejemplo de un aliga de fútbol. En esa competición hay unos órganos de control, como la Liga de Fútbol Profesional, la Federación correspondiente, y los diferentes tribunales deportivos, que velan por que los que compiten estén habilitados, por igual, para hacerlo. Y si alguno de ellos no lo está, o pretende trampear, no se le permite competir. Pero iniciada la competición no se le permitirá a ningún competidor, acusar, sin pruebas, a otro, y mucho menos, pretender tener la autoridad para, unilateralmente, excluirlo de la misma.
En España hay un Tribunal Electoral que es quien decide si una formación política es, o no, apta, según las constitución española, y las leyes electorales, para inscribirse y para competir políticamente. Que sepamos, este Tribunal no ha presentado ninguna inhabilitación, ni censura previa, a partidos como el PSOE, o Podemos, o IU, o, incluso, ERC, (Esquerra Republicana de Catalunya), ni han avisado a los electores de que esos partidos no pueden ser votados. ¿Cómo se atreven políticos que considerábamos serios y equilibrados a afear a millones de españoles sus votos, y considerar a los elegidos por ellos como no aptos para la disputa del Gobierno? Estos señores tienen que recordar que la simpatía, o la mayor o menor adecuación, con la propia opinión, sobre los medios y sistemas de Gobierno y de búsqueda del bien común, no son obstáculo para la legitimidad política. Y que, al contrario, es legal, y democráticamente legítimo, mientras la legislación electoral, y los tribunales que la aplican así lo estimen, la variedad de elementos subjetivos aparentemente contradictorios, y que no son óbice irremediable para ocupar un lugar digno en la tribuna del Parlamento, y del gobierno, mientras los órganos reguladores que he referido así no lo proclamen.
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