Desde la Asociación instamos a las administraciones a abordar, de forma urgente, la situación de emergencia social que estamos padeciendo
El viernes pasado, (BOE 6 de marzo de 2015), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó la resolución del 25 de febrero de 2015 en la que dio instrucciones que obligan a que se acredite, mediante informe de los servicios sociales públicos o de trabajadores/as sociales, que una persona es pobre. Estos informes serían condición necesaria para beneficiarse del reparto de ayudas que realizan las ONG a través de los bancos de alimentos, de manera que “solo reciban esa ayuda las personas que realmente lo necesiten”. Según el gobierno estatal estos nuevos requisitos son condición que impone el Reglamento de la UE sobre el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (223/2014). Pero este reglamento para nada exige que se tenga que recoger, como si lo hace la resolución, “el número de inmigrantes, participantes de origen extranjero o si pertenecen a minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)”, o el informe de los servicios sociales para acceder a estas ayudas. Solo dice que los gobiernos “aplicaran los criterios objetivos que hayan sido fijados por las autoridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes.”··· Ver noticia ···
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