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No, la cosa está no está para echar las campanas al vuelo, ni para grandes festejos. Por una parte, el partido del Gobierno, el PP, nos está atormentando con su propaganda infumable. Su última convención parecía más una asamblea nacional de todos los ciudadanos que la reunión de estudio y análisis, además de la propaganda, de un partido concreto. En la tele nos la trasmitieron como si todos los ciudadanos fuéramos gozosamente miembros de un partido único a la vieja usanza. Y lo de la televisión pública es de juzgado de guardia. Desde que he vuelto de Brasil, el año 1985, ni en la época de gobiernos socialistas, ni del PP con José Mª Aznar, había presenciado tanta desenvoltura, por no decir desvergüenza o descaro, para hacer propaganda indisimulada al partido del Gobierno. Claro que ya se vio en seguida que una de las primeras consecuencias de la mayoría absoluta fue cambiar, contra toda la Cámara, la norma para el nombramiento del director general de TVE. Sin respetar que esa fue una de las pocas cosas que funcionó bien, y con consenso político del Congreso, en la etapa de Zapatero.
Luego está el que para los ciudadanos es un vodevil, pero que para la cúpula del PP está siendo un drama. Me refiero al asunto Bárcenas, que aunque parece que deja inmutables a los afectados, para mí que están con un buen canguelo, que los hace tirar por la calle de en medio. Sólo así se puede entender la elección de los portavoces, el ínclito Floriano, o el “cara de póker” de Hernando, que mantienen la misma expresión para comentar una catástrofe que para informar de una victoria de la selección de fútbol. Para mí, estos dos personajes constituyen uno de los mejores nombramientos del presidente Mariano Rajoy. Si bien carecen de la talla y de la categoría que serían necesarias para hacer de verdad de pantalla de las acometidas que vienen y que vendrán, son lo suficientemente divertidos como para que la ciudadanía, en vez de indignarse hasta el paroxismo, se dedique al consuelo de la risa. Recuerden una de las perlas de Floriano. Interpelado sobre la opinión de personas tan cualificadas como el fiscal del caso Gurtel, el juez y el propio abogado del Estado, que consideran probada en la instrucción del caso la caja B del PP, se salió con ésta, no larga, sino larguísima cambiada: “Si ellos lo dicen, habrá caja B, pero no es de nuestro partido”. ¡Claro!, las informaciones de los tesoreros de ese partido durante más de treinta años se referían a una caja B de la Basílica de Santa Sofía.
No voy a exagerar, pero en cualquiera de nuestros países vecinos civilizados, por la cuarta parte de las evidencias o indicios que han saltado hasta la palestra pública, los dirigentes políticos afectados habrían dejado la escena. Pero está sucediendo en nuestro país que nos estamos haciendo a convivir con políticos imputados, condenados, presos, sin que nos afecte demasiado. El problema grave es que nos acostumbremos, y nos parezca tan normal. Los casos de corrupción, de financiación ilegal, de sobresueldos, que, por serlo, son ocultados a Hacienda, de enriquecimiento obsceno en algunos casos, cuando la población de a pie, los que están un poco por debajo de la clase media, -no digo “muy por debajo”, sino un poco-, engordan las filas de Caritas y de los comedores públicos y gratuitos, están dejando a la masa social no solo empobrecida hasta bordear la miseria, sino descreída de los servidores públicos, tan desilusionada, que ya ni fuerzas tiene para la indignación, y se convierte en presa fácil de cantos de sirena. ¡Ahí está el ejemplo de Grecia!
Y, excepto magníficas excepciones, que todos tenemos en la mente, el poder judicial tampoco ayuda mucho. Me refiero no al ejercicio judicial diario y corriqueiro, que funciona razonablemente bien, sino en aquellas causas sonadas, o en las que están envueltos graves intereses de políticos o de grandes empresas. Esto no sucede en todos los casos, pero sí en más de los necesarios. Hace unos días nos hemos enterado de que ya no vale, ni hace fe, la palabra de los miembros de la policía. Todos oímos en la tele la versión, no de uno, sino de unos cinco, entre agentes de movilidad y policías municipales, en el famoso caso “Gran Vía-Esperanza Aguirre”. Pues bien, ahora sucede que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no hizo lo que dijeron que hizo. Así que, supongo, si se trata de una tentativa de los policías de desprestigiar a la señora Aguirre con mentiras, ellos habrán sido convenientemente sancionados. Pero de esto no nos hemos enterado.
Y termino con un suceso que a mí, personalmente, me indignó. El famoso ERE de la planta de Coca Cola de Fuenlabrada fue anulado por sentencia de la Audiencia Nacional, que también anuló las recolocaciones de los trabajadores de esa planta en otras de la península. Pues bien, cuando los operarios de la fábrica de Fuenlabrada, legitimados por sentencia judicial, quisieron impedir que otros trabajadores, auténticos okupas para ellos, entraran en la fábrica para desmontarla, tarea que les competía a los trabajadores NO despedidos, según la sentencia, no solo fueron impedidos por la policía, sino que ésta los arrolló y golpeó. ¿Podrían decirnos a los ciudadanos quién dio la orden a la policía para actuar tan flagrantemente contra un derecho líquido y cierto, derivado de sentencia judicial del nivel de la Audiencia Nacional? Y los jueces de esta audiencia, ¿no podrían indagar quien interfirió en su legítimo derecho, y obligación, de hacer justicia?
(Pero como hay más campos para no hacer fiesta ni tirar cohetes, mañana seguiré con el tema. Por ejemplo, en la Iglesia, y aledaños)
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