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Retiros blindados millonarios, jubilaciones pactadas con cantidades excesivas, tarjetas bancarias a libre discreción, derecho a viajar gratis en preferente, potestad para fijarse los sueldos, complementos y dietas, despachos con las últimas comodidades – aunque poco usados- , derecho a utilizar móviles sin control, exigencia de que se les reponga el Notebook a quién lo perdió, etc. … se podría decir que estos son algunos derechos adquiridos para una parte dirigente de nuestra sociedad.
No podré olvidar lo que hace aproximadamente quince años me dijo un ciudadano. Decía, con resignación, que se podría tolerar el abuso de ciertos políticos siempre que, al menos, dejaran caer algunas migajas para el pueblo. Entonces mi mente dio un brusco vuelco. Ahora veo migajas en el “cheque bebé” indiscriminado, entrega de ordenadores a alumnos andaluces, subida del uno por ciento de las pensiones, sorteo de algunas viviendas sociales.
Tal vez la Ley de Dependencia haya sido un alivio para bastantes familias, tanto en la parte humana como de ayuda económica. No obstante, hay que reconocer que estos avances se quedan cortos. Citemos las pensiones no contributivas (PNC), que oscilan entre doscientos a cuatrocientos Euros. Entre las prestaciones sociales encontramos el salario social, RAL ( Renta Activa de Inserción) para quiénes salen de prisión, mujeres maltratadas o discapacitados con un 33% y menos del 75% del Salario mínimo interprofesional (SMI)
Cerca de cumplirse treinta y cuatro años de Democracia, en que el Pueblo Español en uso de su soberanía se haya constituido en Estado Social y Democrático de Derecho, después de que haya habido Gobiernos de diferentes apoyos parlamentarios, nos encontramos con alrededor de cinco millones de parados, desahucios y cada vez más desigualdades. Por tanto, estamos todavía en el Preámbulo de la Constitución que habla de: “establecer la justicia, garantizar la convivencia, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”
Inmersos en una sociedad en la que hay opiniones diversas y muchas veces encontradas, es difícil definir y concretar pautas serias para seguir avanzando con claridad de ideas y buscando lo mejor que habría que hacer para que el Estado Social y Democrático no se tambalee en ninguno de sus pilares básicos. Para ello hay que convencerse de la exigencia de que los poderes públicos, como prescribe el artículo noveno de la Constitución, deben “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos”.
Es verdad que se ha producido, durante el tiempo democrático de España, un notable desarrollo legal del Estado de Derecho, aunque quedan aún artículos vírgenes, como la participación ciudadana. Pero, no se ha avanzado hacia un Estado de Bienestar. De poco sirven las leyes si después no se cuenta con la realidad de los que quedan marginados y cada vez se ven más imposibilitados para cumplirlas. El Derecho Natural obliga a unos padres a poderles dar de comer a sus hijos todos los días y los gobernantes deben ponerse en el “lugar de todos aquellos” que hoy lloran porque no tiene trabajo ni cómo alimentar a sus familias.
A pesar de las dificultades actuales es necesario y urgente desarrollar unas líneas básicas de un proyecto que ofrezca a los españoles la esperanza de caminar hacia democrática avanzada. El proyecto de futuro y esperanza debe responder a un análisis riguroso de los graves problemas de la convivencia nacional; a la elaboración de soluciones imaginativas y una decidida voluntad de llevarlo a cabo. Se conseguirá bienestar social cuando los derechos “adquiridos” sean para todos los españoles.
juandediosrd@hotmail.com
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