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Luís Ángel Aguilar Montero
El Gobierno ha decidido retirar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes que viven en España indocumentados por no lograr un contrato de trabajo en un país que se acerca a los seis millones de parados.
Este grave recorte en derechos resulta una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos y atenta contra un derecho humano básico reconocido por tratados internacionales, la Constitución Española y en diferentes Estatutos de Autonomía.
Este grave recorte en derechos resulta una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos y atenta contra un derecho humano básico reconocido por tratados internacionales, la Constitución Española y en diferentes Estatutos de Autonomía.
Negar la sanidad a los inmigrantes sin legalizar representa un paso más en el rompimiento de nuestro modelo universal de prestación del servicio sanitario que supone discriminar en el acceso a un derecho humano y es el principio de un modelo sanitario excluyente e injusto.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social y por tanto no debería caber discriminación alguna en su prestación. Cualquier persona que se encuentre en territorio español debería tener derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones, tal y como se establece en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
El artículo 6 de dicha Ley reconoce que “todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Garantizar la salud de todas las personas debería ser aspiración de todo gobierno, haciendo realidad los principios de universalidad y equidad del sistema sanitario que, tras la reforma sanitaria, se infringen.
La no discriminación y la igualdad de derechos de todas las personas son principios de nuestra Constitución vulnerados por este Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para -según lo ha denominado el Gobierno- garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Por ello, yo ya me sumé a la reivindicación de FACUA-Consumidores en Acción para solicitarle que, en ejercicio del derecho que tiene reconocido legalmente, conforme un grupo de al menos 50 diputados o senadores para presentar un recurso contra el citado Real Decreto ley ante el Tribunal Constitucional.
Atentamente,
LUIS ANGEL AGUILAR MONTERO
Socio de FACUA-Consumidores en Acción
Socio de FACUA-Consumidores en Acción
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