Comisión de Movimientos sociales. Cristianos de Base de Madrid
Durante muchos años los españoles hemos disfrutado del llamado “puente de la Constitución”, del 6 al 8 de diciembre y esto requiere una reflexión. En primer lugar, se trata de una Constitución que está lo suficientemente vacía de contenido legal, al no cumplirse elementales derechos de los ciudadanos, tales como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario justo, etc.
Una Constitución aprobada por la mayoría de los españoles, fruto del pacto de la transición entre las fuerzas sociales agrupadas en torno al franquismo y los partidos y sindicatos de izquierda, a los que se unieron sectores progresistas de la burguesía. La esencia de este pacto fue instalar una monarquía parlamentaria de corte liberal, manteniendo y reforzando el sistema económico capitalista preexistente. Es una herencia del franquismo, régimen de hace más de 40 años.
Tras un cuarto de siglo de farsa parlamentaria, resulta más evidente que nunca que no es posible avanzar sin acometer al mismo tiempo la tarea de superar un régimen monárquico que, a lo largo de todos estos años, ha demostrado ser el principal obstáculo para romper definitivamente con el franquismo. Sin unas mínimas conquistas democráticas que garanticen un marco de respeto a la soberanía popular, las necesarias mejoras sociales no pueden ser más que una ilusión permanentemente defraudada.
La Casa Real detenta hoy la máxima magistratura del Estado por designio de uno de los mayores criminales que ha conocido nuestra historia. El Jefe del Estado fue impuesto por Franco, y es el resultado de ser hijo de su padre, propio de una dinastía borbónica, no de una decisión democrática. El caso de la Casa Real es emblemático: además de recibir 8,5 millones de euros anuales, pagados por todos nosotros, la monarquía borbónica detenta una fortuna de 1.800 millones de euros, que la sitúa en el sexto lugar entre las mayores de Europa. Los millones robados a la hacienda pública por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, son sólo la punta del iceberg del pillaje de una dinastía que está llamada a desaparecer.
La reciente reforma de la Constitución llevada a cabo por el gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y de las derechas nacionalistas, han pisoteado cualquier resto de soberanía popular, como establece el art. 1 de la citada Constitución. Esta reforma establece la prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto: las prestaciones por desempleo, las pensiones, la sanidad, la educación, etc.
Por otra parte, no se tiene en cuenta que vivimos en un estado aconfesional y, por tanto, laico, por lo que las fiestas religiosas, como es el caso de la Inmaculada, no deberían ser consideradas fiestas laborales. A pesar de ello, seguimos de “puente” año tras año.
No están los tiempos para hacer muchas filigranas laborales. La situación de pobreza y desigualdad social es alarmante: el 25 % de la población adinerada posee un patrimonio 51 veces superior al 25% más pobre de nuestro país. El expolio a que nos están sometiendo los poderes económicos, y que no ha hecho más que empezar, tiene proporciones dantescas. Mientras llegan a cuenta gotas los datos del latrocinio, se están poniendo de manifiesto los ingentes repartos de beneficios de las empresas privatizadas, las jubilaciones millonarias de sus ejecutivos y del robo de dinero público por parte de empresarios y políticos, con la complicidad de los gobiernos de turno.
Proponemos algo fundamental: la derogación de la Constitución de 1978. Hay que convocar un referéndum para que el pueblo decida la clase de Estado que desea, Monarquía o República. A continuación, habría que elegir un Parlamento, con carácter constituyente, que garantizara la laicidad del Estado, la democracia participativa, el derecho a la autodeterminación, el control social y la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, la reforma agraria, así como un control social efectivo de los medios de comunicación que impidiera su concentración en manos privadas.
Sólo la articulación de las luchas puede ofrecer una salida diferente a la que nos preparan. El malestar es creciente y la movilización social está tomando las calles, pero hay que seguir avanzando. Hay que pararles los pies. Hay que seguir resistiendo. Creemos que es necesario construir una alternativa política. Estimamos que es necesario unir las luchas obreras junto a las del movimiento popular. El juego está cada vez más claro: el capital y los gobiernos a su servicio tratan de salir de la crisis reactivando las finanzas y el modelo de producción y consumo anterior a la crisis, en lugar de diseñar una economía productiva, no especulativa y socialmente justa, menos destructora del medio ambiente y más solidaria a nivel internacional.
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