FUNDADOR DE LA FAMILIA SALESIANA

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ATALAYA

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viernes, 29 de abril de 2011

DERECHO AL VOTO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES


Conmotivo de las elecciones municipales del próximo 22 de mayo,





Harresiak Apurtuz y las entidades abajo firmantes denunciamos
públicamente que el próximo día 22 de mayo una parte de nuestra
ciudadanía quedará excluida de ejercer sus derechos políticos
· Valoramos positivamente que las personas inmigrantes procedentes de Bolivia,
Chile, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Islandia, Paraguay, Perú, Noruega y
Nueva Zelanda puedan ejercer por fin su derechos políticos y participar en la
elección de los candidatos/as del municipio en el que viven. No obstante, este
derecho se ve reducido al ámbito municipal quedando en situación de exclusión
otros ámbitos de toma de decisiones.
· Exigimos que haya una equiparación en el ejercicio de los derechos políticos
entre todas las personas con independencia de su origen.
Desde las entidades sociales abajo firmantes se exige avanzar en el reconocimiento de
la ciudadanía plena para todas las personas, posibilitando el derecho a votar y a
presentarse como candidatos/as en las elecciones que se celebren.
El camino hacia la igualdad política es decisivo para impulsar una integración real,
involucrando a las personas extranjeras en las decisiones políticas e implicándolas en
el futuro de la sociedad. No se puede hablar de democracia cuando un porcentaje de
personas son excluidas de toda intervención en las decisiones que les afectan.
Las sociedades interculturales, en las que los flujos migratorios constituyen un factor
estructural y no coyuntural, exigen una redefinición del concepto de ciudadanía. En
este sentido, toda lucha social debe ir encaminada a superar dicho concepto como
estatuto de derechos y deberes atribuidos por el Estado-nación a las personas.
Harresiak Apurtuz y las entidades sociales firmantes apuestan por una ciudadanía que
incluya el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y
política de las personas inmigrantes, donde el derecho al voto se estructure sobre
bases sólidas de actuación y no como un elemento más de una campaña electoral.
LO FIRMAN 91 ASOCIACIONES Y SEIS PLATAFORMAS O REDES

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