El Estado ha puesto a disposición de la banca un salvavidas de más de 280.000 millones de euros Pilar Blázquez / Belén Carreño

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La factura del rescate se sigue disparando con nuevas ayudas como 15.000 millones de euros para la CAM

Economía ha desplegado un abanico de ayudas que es una auténtica maraña: ayudas directas, avales, bonos garantizados, créditos fiscales o el banco malo

Luis de Guindos dice que es difícil saber cuánto se recuperará

España tiene el equivalente a casi un tercio de su economía comprometido en algún tipo de apoyo al sector financiero. La factura del rescate de la banca no deja de subir, con algunas entidades dando sorpresas, para mal, por estar peor de lo que estaban.

La semana pasada arrancaba con la confesión de Luis de Guindos, en una comparencia en el Congreso, de que finalmente a la CAM se le darán 15.000 millones de euros en ayudas, para que pueda ser absorbida por Sabadell, frente a los 5.249 ayudas anunciadas. También el ministro informaba de que los 12.000 millones de euros inyectados en CatalunyaCaixa tienen un futuro más que incierto. Y como colofón, una dura realidad: el Estado no sabe cuánto recuperará del rescate, ni cuándo.

Hacer las cuentas de lo que España está movilizando para reflotar el sector financiero es un auténtico laberinto. Se han puesto en marcha fórmulas muy dispares para reestructurar el sector. Pero en conjunto, se han movilizado algo más de 280.000 millones de euros, según los datos que se han hecho públicos. Con todo, el baile de cifras hace fácil entender que al propio ministro le cueste cuantificar el rescate. Los componentes de la conocida como troika, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo, así como el Banco de España, califican y clasifican de distinta forma las ayudas. Y así los números no fallan.

Algunas cifras coinciden y están cerradas. En ayudas directas, el Estado ha desembolsado 61.300 millones de euros en reflotar bancos. Esto es lo que se podría perder con más facilidad. Pero a este grueso hay que sumar una serie de partidas que, aunque aún no han supuesto gasto, son potencialmente una derrama para el Estado, ya que está avalando con el Tesoro a las entidades.

Estas cifras también vienen con una pequeña trampa. Ese cálculo no incluye, por ejemplo, las ayudas recibidas por Kutxabank para la adquisición de CajaSur. Dos aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos de 800 millones primero y de 392 millones en una segunda ampliación de capital, que en Cibeles consideran que ha sido pagados por la propia banca y que, por tanto, no deben computar como dinero público. Aunque son parte del coste total del rescate.

Además, según la información recogida por el FMI en su visita de mayo a España, el Estado ha avalado emisiones de deuda de los bancos por valor de 100.000 millones de euros. Los vencimientos de estas emisiones eran cortos y comienzan ya a desaparecer. Pero en el caso de que alguna resulte fallida por un impago, tendrá que ser aportada por las arcas públicas.

Tóxicos del Estado

La creación del banco malo es otro de los instrumentos donde el Estado arriesga más dinero público. En total, ha avalado la emisión de 50.000 millones de euros que llevan el sello del Tesoro. Si en algún momento de sus quince años de vida la conocida por sus siglas como Sareb no puede hacer frente a los intereses de la deuda, el Estado saldría en socorro. Además, el Frob, el brazo financiero del Estado, puso 2.500 millones de euros de capital inicial, esto ya como desembolso directo.

Cabe recordar que el banco malo se ideó como un gran contenedor de activos tóxicos de los que liberar a la banca para que pudieran seguir con su negocio sin el lastre de esta basura financiera. Su puesta en marcha fue vendida como una de las medidas más eficaces para librar a las entidades rescatadas de su carcoma. Sin embargo, la tasa de morosidad del sector bancario no deja de marcar récords. El último, esta misma semana, con más de un 13% de impagos. Que esta tasa siga aumentado quiere decir que en el balance de los bancos aún se han quedado activos que se daban por buenos y que, finalmente, han sido fallidos.

Otro de los euros que han puesto en juego más dinero público son los llamados Esquemas de Protección de Activos (EPA). Cuando el Estado diseñó las operaciones de venta de las cajas nacionalizadas, se encontró con pocas entidades dispuestas a embarcarse en esas compras. Las reticencias eran variadas, pero una de las más importantes era que, antes de la compra, el acceso a las cuentas reales de la entidad era limitado y muchos de los compradores temían que, una vez asumida la propiedad, una revisión profunda de la contabilidad les deparara sorpresas negativas. Por ejemplo, que créditos anotados como dudosos o substandard pudieran, en realidad, tratarse de créditos fallidos, multiplicando así las pérdidas estimadas.

Para limar esas asperezas y convencer a los inversores, el Gobierno ideó estos EPAS. Se trata, en realidad, de una garantía contractual, según la cual, el Estado se compromete a indemnizar al comprador en el caso de que alguno de esos créditos dudosos se transforme en fallido.

Normalmente esos EPAS cubrían alrededor del 80% de los créditos dudosos durante un periodo de entre cinco y diez años. Aunque el compromiso varía según cada operación y en el caso de la CAM fue de cinco años. También hay casos en el que el banco que compra asume pagar parte de los fallidos iniciales (un sistema de franquicia) y, a partir de ahí, el resto corre a cuenta del Frob. Cabe resaltar que la opacidad de estos instrumentos es total y no se facilitan los datos por entidades.

Por lo que ha apuntado De Guindos, parece que los créditos dudosos de la CAM van a ser definitivamente impagados y, por lo tanto, a los contribuyentes españoles les tocará volver a rascarse el bolsillo para pagar, en este caso a Banco Sabadell, que fue la entidad que adquirió la CAM, alrededor de 16.250 millones de euros adicionales, según las cuentas exactas que ha elaborado José Francisco Bellod, investigador económico de la Universidad de Cartagena.

Y, es que, hasta ahora, el Fondo de Garantía de Depósitos había inyectado 5.249 millones de euros para salvar a la Caja del Mediterráneo, pero ni siquiera con ese apoyo pudo revivir y, finalmente, se adjudicó a Banco Sabadell en diciembre de 2012 por el simbólico precio de 1 euro.

“Aunque el panorama financiero y económico ha mejorado mucho, es muy probable que al menos el 80% de los EPAS vayan a tener que ser abonados por el Estado”, asegura Enrique Pérez-Hernández, profesor del Máster de Dirección de Entidades Financieras del Instituto de Estudios Bursátiles. “El cálculo final es imposible. Cada año se actualiza la cantidad de EPAS en función de la cuenta de resultados de cada entidad y de las condiciones concretas en que se hayan concedido”, aseguran otras fuentes del sector financiero. Hasta ahora, las únicas pérdidas seguras contabilizadas por este concepto ascienden a 6.506 millones de euros, pero en el peor de los casos, es decir, que todos los EPAS que se han garantizado resultaran fallidos, esa cantidad podría llegar hasta los 35.681 millones de euros.

Desde el Banco de España no están de acuerdo con este cálculo, puesto que consideran que técnicamente no es correcto incluir avales, ya que éstos no han sido ejecutados en su totalidad. “Aunque no se haya gastado, es importante incluirlo porque es la forma adecuada para que los ciudadanos visualicen todo el dinero que se ha movilizado, ya sea gastado o comprometido para el futuro, para ayudar a un sector concreto”, explica el profesor Bellod. Por su parte, la Unión Europea recogía que el total de EPAS más avales comprometidos a 30 de septiembre de 2013 ascendía a 105.000 millones de euros.

Además, este economista insiste en que, si los organismos internacionales lo incluyen, se debe a que están aplicando el “principio de prudencia que exigen las normas contables internacionales”, según el cual, cuando hay un riesgo de impago en los llamados “pasivos contingentes” este debe ser reflejado en la contabilidad. Para Bellod, el “riesgo de impago de los activos garantizados por los EPAS, e incluso por el resto de avales, es alto”.

Ventajas fiscales y Bankia

Otra decisión del Estado que ha redundado en un alivio multimillonario es la aprobación de los créditos fiscales diferidos. Así se llaman los beneficios fiscales que las empresas se guardan los años que tienen pérdidas y no pueden utilizar. Estas bonificaciones se preservan hasta 18 años, de forma que, cuando una compañía tiene beneficios, puede tirar de estas deducciones para rebajar el Impuesto de Sociedades.

Los bancos atesoraban 50.000 millones de euros en este tipo de activos después de los años de vacas flacas que ha atravesado el sector. Desde Bruselas se exigía una decisión sobre la legalidad de estos beneficios, y finalmente el Estado ha reconocido a la banca el derecho a utilizar como ventajas fiscales 30.000 millones de euros. Esto va a implicar que las arcas del Estado van a ver cómo se drenan impuestos de los beneficios fiscales en la misma cantidad, esto es, 30.0000 millones de euros menos en los próximos 18 años. Desde Economía recuerdan que se han limitado a poner en práctica una directiva europea.

Este chorro de dinero asciende a la cifra de 281.000 millones de euros movilizados para que la banca tenga una amplia zona de confort asegurada con dinero público donde salir a flote. Las críticas son evidentes y no hacen más que notarse. Aunque la factura engorda, por la vía de los ingresos el Estado no percibe nada. Quizás por eso esta misma semana se hayan precipitado los acontecimientos con la noticiade que Economía está en contactos para hacer caja con una parte de Bankia.

Aunque el Frankenstein financiero se lleva la mayor parte de la atención mediática, los 22.500 millones de euros inyectados no son los que corren en este momento más peligro. La acción de Bankia ya ha tocado el precio de la ampliación de capital, esto es, el precio al que entró el Estado en el accionariado, y ahora mismo podría recuperar (si quisiera) 10.600 millones de euros del rescate.

Pero la avidez por lograr hacer caja en al menos una parte de esta inmensa factura puede llevar anticipadamente. La forma más sencilla de recuperar el monto total es dejar que la acción siga subiendo hasta tocar el entorno de los 3 euros (ahora está en 1,35), donde se podría recuperar todo el dinero invertido. Sin embargo, si en este momento se empieza a llenar el mercado de bankias, lo lógico, según explican los brókeres consultados, es que la acción baje de precio, al haber más títulos con los que negociar.

Así que, mientras Guindos decide si exprimir a la niña bonita del rescate (sí, es Bankia), la factura sigue engordando con flecos multimillonarios. Pero el rescate no iba a costar “ni un euro a los contribuyentes”.