Los medios de comunicación social se han hecho cargo ampliamente del derribo de la estatua de fray Junípero Serra por grupos a favor de las causas indigenistas. Cuesta más acceder a la carta abierta de José H. Gómez, arzobispo de Los Ángeles (EE. UU.), indicando cómo la “guerra de exterminio” de los indios fue activada – contando para ello con la caballería estadounidense– por el primer gobernador de California en 1851. El franciscano mallorquín había muerto en 1784, después de haber luchado contra un sistema colonial que consideraba bárbaros y salvajes a los nativos. Algo semejante se puede decir sobre la relevancia mediática concedida a la pintada, con la leyenda de “racista”, que ha sucedido a la petición de Sonia Vivas, concejala de Palma por Podemos, de retirar “pacíficamente” la imagen de Junípero Serra, ubicada en la plaza de Sant Francesc y de su posterior encuentro con Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca. Y, otro tanto, sobre la decisión, adoptada por el Pleno del Ayuntamiento de Durango (Bizkaia) en diciembre de 2017, de quitar el nombre de fray Juan de Zumárraga a una calle y a un instituto de la localidad “en desagravio a las mujeres perseguidas y a las fundadas sospechas que hay de que Zumárraga atentó contra la cultura y las costumbres indígenas”; aunque, en esta ocasión, sin aclaración alguna por parte del obispo de Bilbao, pero sí con unas oportunas puntualizaciones por parte de Sebastián Gartzia, tal y como se puede comprobar (aunque cueste) en la prensa local de aquellos días.
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