Semana negra para la independencia de la justicia

Editorial 

REDES CRISTIANAS

“La justicia es igual a las serpientes.  Sólo muerden a los que están descalzos”. Esta reflexión de Monseñor Óscar Romero se ha hecho especialmente actual entre nosotros en la semana del 23 de Febrero del 2017. La crisis española empezó siendo económica, luego social, a continuación política, y este año todo parece indicar que nos tendrá pendientes de los tribunales. ¿Será por eso que el Gobierno maniobra para controlar las fiscalías?

En unos días hemos sido testigos de acontecimientos preocupantes: La práctica impunidad de miembros de la familia real; el fiscal superior de Murcia denuncia “intimidaciones y desprotección” a la hora de investigar posibles delitos de corrupción; hemos conocido que el Consejo General del Poder Judicial ha investigado al magistrado portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y uno de los jueces que ha planteado varias cuestiones sobre cláusulas abusivas bancarias ante la justicia europea. El ministro de Justicia ha maniobrado para cesar a un fiscal; lo que parece ser una clara violación del principio constitucional de la separación de poderes.

Por otra parte, de los siete candidatos que había para presidir la Fiscalía Anticorrupción, ha sido elegido el único que no tenía experiencia alguna en esta especialidad,  Manuel Moix, que había destacado, sin embargo, por su trato de favor a diversos miembros del PP, impulsando la acusación, más que contra los presuntos delincuentes, contra periodistas que les han investigado y/o  jueces que les han metido en prisión.

En contraste con todo ello y en esos mismos días, la Audiencia Nacional ha condenado a Valtonyc, un rapero mallorquín de 23 años, a tres años y seis meses de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en sus canciones. Condena que se suma a  otras tantas originadas en la llamada “Ley mordaza”, cuyos objetivos están resultando cada vez más claros: perseguir todo aquello que pueda suponer una crítica a actuaciones de los poderes  económicos y políticos. Hemos conocido también cómo el Tribunal de Justicia de la UE ha tenido que obligar a los bancos a indemnizar por las “cláusulas suelo”, por las que el banco nunca perderá dinero, digan lo que digan las  reglas del mercado. Privilegios que la banca no tiene en la mayoría de países, ni en EE.UU ni Canadá, ni en  la UE. Y las maniobras que el gobierno ha aceptado poner en marcha para favorecer a los bancos.

Toda esta acumulación de noticias han generado controversia entre la sociedad, los partidos políticos y el mundo judicial, lo que ha convertido  estos días en una semana negra para la independencia de la justicia, que ha quedado cuestionada  por los diferentes tratamientos en unos casos y otros. Hasta el punto de que, en un comunicado, firmado por  60 jueces decanos, se hace una llamada de atención “ante la gravedad de tales hechos y la generalizada inquietud de los jueces “. Y  el que fuera fiscal jefe Anticorrupción entre 1995 y 2003, Carlos Jiménez Villarejo, ha explicado recientemente   que “las presiones son bastante habituales y que vienen directas de la Fiscalía General del Estado…El principio de jerarquía pesa más que el principio de legalidad e imparcialidad. Pese a que estamos en democracia, el Ministerio Fiscal tiene cierto parentesco al de la dictadura.”

Se  extiende  en la opinión pública la sensación de que, al igual que la crisis económica está siendo utilizada para poner en marcha una gran operación de crecimiento de las desigualdades y degradación de los derechos sociales, los episodios de corrupción, no sólo no están sirviendo para alertar y erradicar estas prácticas, sino para consolidarlas aún más, particularmente para aquellos sectores sociales que se han venido beneficiando de ellas.

El papa Francisco vinculaba ambos mecanismos, el crecimiento de la desigualdad socio-económica  y de la impunidad en los casos de corrupción: “Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación de la inequidad. Lo que se vuelve más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países –en sus gobiernos, empresarios e instituciones-” (G.S. 60).

Se extiende también la sospecha de que uno de los pilares del Estados de derecho, la separación de poderes, cada vez se va debilitando más. La garantía de los Estados democráticos de derecho  consiste en que cada poder  ha de estar equilibrado por otros poderes y otras esferas que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del  “Estado de derecho”, en el cual es soberana la ley no la voluntad arbitraria de los hombres.

El artículo 117 de nuestra Constitución, cuando define las atribuciones del poder judicial, proclama que “la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Los ciudadanos nos tememos que estos principios constitucionales  se van convirtiendo en poco más que declaraciones vacías de contenido real.

Al igual que la proclamación de su artículo 128,  referido a la riqueza del país,  nos va sonando cada vez más una utopía irrealizable: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Cuando asistimos a unas medidas de política económica que no sólo olvidan estos principios constitucionales, sino que legislan claramente en contra, enriqueciendo a los ya ricos y empoderando  a los más poderosos, los ciudadanos desconfiamos cada vez más de estas grandes palabras. “La llaman democracia y no lo es”, gritábamos en los días del 15-M.

Recordábamos al comienzo la reflexión de Oscar Romero sobre la práctica de la justicia en El Salvador, en una época oscura y en un país subdesarrollado. Algunos, irónica pero acertadamente, piensan que la crisis económica  y las políticas con las que se le están haciendo frente, nos están convirtiendo en “un país en vías de subdesarrollo”. ¿No estaremos tomando esta misma deriva no sólo en el plano económico-social, sino también en el moral y jurídico?