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Nueva York. La tortura empleada en la era pos 11-9 por la CIA fue aun más brutal de lo que se sabía previamente, la información que se obtuvo fue en general inútil, y la agencia engañó repetidamente a la Casa Blanca, el Congreso y al público sobre estas operaciones, concluye un informe por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado difundido este martes.
El informe documenta una serie de técnicas de tortura que incluyen las ya conocidas como el famoso “waterboarding” (un tipo de ahogamiento simulado, a veces conocido como “submarino) junto con otras más severas que no se habían revelado anteriormente, incluyendo sujetar a detenidos a privación de sueño durante hasta un semana, amenazarlos de que serían muertos, o que sus hijos o madres serían atacados, con la asistencia de médicos algunos sufrieron algo llamado “alimentación rectal”.
Algunos fueron obligados a pararse sobre piernas fracturadas, otros mantenidos en oscuridad completa en celdas con ruido de alto volumen. Un detenido murió de frío en una de las cárceles clandestinas de la CIA.
En algunos casos citados en el informe, la tortura fue tan extrema que algunos oficiales de la CIA pedían ser trasladados, ya que no aguantaban y otros enviaron mensajes a sus superiores preguntando sobre la legalidad de lo que se estaba haciendo. Los encargados del programa ordenaron que dejaran de preguntar, ya que todo estaba autorizado a los “más altos niveles”.
A la vez, el informe acusa a la CIA de engañar “de manera rutinaria” a legisladores, la Casa Blanca y al público en general sobre el alcance, dimensión y sobre todo la utilidad del llamado “programa” de interrogaciones y cárceles clandestinas en decenas de países, frecuentemente exagerando su efectividad. Según el informe, la CIA tenía a 119 detenidos, y por lo menos 39 de ellos fueron sujetos a este tipo de tortura. Usando 20 de estos casos, el informe mina la justificación central de que estas “técnicas” rindieron inteligencia clave que ayudó a descarrilar atentados terroristas y que hasta brindó información clave para la captura y muerte de Osama Bin Laden, como habían argumentado sus defensores.
La presidenta del Comité de Inteligencia, la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien guió la investigación, declaró este martes ante el Senado que las acciones de la CIA “son una mancha sobre nuestros valores y nuestra historia”. Enfatizó que aunque el informe no puede quitar esa mancha, es “un paso importante en restaurar nuestros valores y demostrar al mundo que somos una sociedad justa”.
La CIA emitió un documento rechazando varios de los puntos principales, sobre todo el de engañar al Congreso. El actual director de la CIA John Brennan, cercano al presidente, reconoció que la agencia había cometido “errores”, pero rechazó la conclusión central del informe, insistiendo en que las interrogaciones “sí produjeron inteligencia que ayudó en frenar planes de atentados, en capturar terroristas y en salvar vidas”, y que la inteligencia de ese programa “continúa informando nuestros esfuerzos antiterroristas hoy día”.
Torturar o no torturar
La presentación del informe –resultado de una investigación del comité encargado de supervisar a las agencias de inteligencia en la cámara alta que duró 5 años y costó más de 40 millones de dólares– resucitó el gran debate aquí sobre el uso de la tortura, prisiones clandestinas y otras actividades justificadas bajo las reglas de la “guerra contra el terrorismo” proclamada por el entonces presidente George W. Bush.
El presidente Barack Obama, cuya Casa Blanca, junto con su jefe de la CIA, logró frenar durante meses la divulgación de este informe, hoy usó el informe para justificar su decisión de anular el programa de interrogaciones y detenciones clandestinas cuando asumió la presidencia, al señalar que este fue un programa que causó “daños significativos a la postura de Estados Unidos en el mundo”. Pero también buscó defender la labor de las agencias de inteligencia y el gobierno de su antecesor George W. Bush en su esfuerzo antiterrorista, y que fue dentro de este contexto que se cometieron “algunos errores”. Además, solicitó que el país no reinicie “viejos argumentos” con este informe.
Aun días antes de presentarse el informe, el propio Bush, su vicepresidente Dick Cheney y su círculo, junto con ex jefes y altos funcionarios de la CIA, y legisladores republicanos ya habían iniciado una feroz campaña para defender sus políticas y condenar como casi anti-patriótico las criticas en el informe. Insistieron en que este programa sí rindió inteligencia clave para la lucha antiterrorista y reiteraron que todo fue “legal”.
Por su parte, los actuales jefes de inteligencia, algunos legisladores y hasta el propio secretario de Estado, John Kerry, advirtieron que la presentación pública del documento podría detonar actos de violencia, y hasta muertes de estadunidenses, en varias partes del mundo. De hecho, el gobierno de Obama anunció que emitió una “alta alerta” a sus sedes diplomáticas a nivel mundial ante posibles consecuencias de la difusión del informe.
Algunos observadores sospechaban que todo esto era parte de un intento para demorar la difusión del documento hasta enero, cuando el Senado será controlado por republicanos y, con ello, evitar que este documento fuera hecho público.
El informe es sólo un “resumen ejecutivo” de 524 páginas del documento aún secreto de más de 6 mil cuartillas elaborado por los investigadores, y su difusión primero tuvo que superar 10 meses de intensas negociaciones entre senadores y la Casa Blanca sobre la versión que se haría pública para proteger “intereses nacionales” y la “seguridad nacional”.
Este debate interno incluyó un enfrentamiento público entre la CIA y el Comité de Inteligencia cuando se descubrió que la CIA había espiado el propio trabajo de los investigadores. El resumen también tiene amplias secciones tachadas en negro, censuradas.
La difusión de este informe fue bien recibida por muchos como un acto de transparencia, aunque críticos señalan que tal transparencia es parcial ya que la mayoría del informe sigue siendo secreta. El director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, declaró que el informe deja claro que la CIA torturó, “lo cual es criminal y jamás justificable”. Sin embargo, el Departamento de Justicia, que ya investigó el programa, cerró el caso sin presentar cargos. Tanto Obama como el procurador general Eric Holder ya habían indicado que no procederán judicialmente contra funcionarios del gobierno de Bush, aun después de lo revelado por este informe.
Vale recordar que hace casi 70 años, el gobierno de Estados Unidos enjuició a oficiales japoneses después de la Segunda Guerra Mundial por crímenes de guerra donde la evidencia presentada fue el empleo de una técnica de interrogación que fue definida como tortura: el “waterboarding”.
El informe del Senado: http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
