FUNDADOR DE LA FAMILIA SALESIANA

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COLEGIO SALESIANO - SALESIAR IKASTETXEA

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ATALAYA

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martes, 10 de marzo de 2015

Por una iglesia sinodal José M. Castillo,. teólogo



Teología sin censura
Castillo1El profesor Alvaro Restrepo, jesuita colombiano, compañero mío en los años de estudio en la universidad Gregoriana de Roma, escribió esto en el Anuario de los jesuitas del año 2014: “El Vaticano es una isla. Por eso, cuando tanta gente de buena voluntad dice que la Iglesia necesita un buen Papa, no se refiere a que el nuevo Pontífice sea conservador o progresista, de derechas o de izquierdas. Lo que importa es que sea un hombre libre y decidido. Necesita un hombre tan apasionado por el Evangelio, que desconcierte a todos cuantos en el papado buscan un hombre de poder y mando. El Papa debe resultar desconcertante. El día en que el Vaticano sea el “punto de encuentro” de todos los que sufren, ese día la Iglesia habrá encontrado el buen Papa que necesita” (José María Castillo antes de la elección del Papa Francisco)”.


Han transcurrido dos años desde el día en que el jesuita Jorge Mario Bergoglio fue elegido para suceder al dimitido Benedicto XVI. Y todo el mundo está viendo que el nuevo papa no se ajusta al modelo convencional y tradicional de ejercer el papado que se había impuesto en la Iglesia desde tiempo inmemorial. Como es lógico, cuando se produce un cambio tan importante, en una institución tan enorme como la Iglesia, hay gente que está de acuerdo con el cambio. De la misma manera que hay también muchísimas personas que no están de acuerdo con ese cambio. En cualquier caso, hay algo que resulta incuestionable. Me refiero a que, si el papa Francisco dura unos años más, y si logra configurar el número de cardenales electores de forma que el futuro papa prolongue las incipientes reformas, que Francisco está poniendo en marcha, lo más seguro es que la Iglesia que tenemos, dentro de una o dos décadas, será muy distinta de como es ahora mismo.
No se trata de que, ni este papa ni los que vengan después, vayan a cambiar lo que ningún papa puede cambiar. Un papa no puede modificar a su antojo los dogmas de fe, las verdades de “fe divina y católica”, sobre las que descansa la estabilidad y el ser mismo de la Iglesia. Eso no va a suceder. Pero lo que sí sucede es que en la Iglesia hay mucha gente que, por ignorancia o por fanatismo, piensa que son dogmas de fe muchas cosas que no lo son. Y si se trata de cosas que no son dogmas de fe, un papa las puede cambiar. Todo lo que son costumbres, tradiciones (no la “Tradición”), normas, cuestiones jurídicas y legales, etc, etc, un papa puede modificarlas. Y algunas (o bastantes) de ellas, no sólo “puede”, sino que “debe” hacer lo que esté a su alcance, en los asuntos que van a redundar en bien para la Iglesia y para muchas gentes en el mundo.
Por poner un ejemplo. Puede ocurrir que un papa sea menos “teológico-especulativo” que sus antecesores. Pero, si ese déficit se suple con el hecho de que el papa es más “pastoral-cercano” a la gente, sobre todo a la gente sencilla (enfermos, ancianos, niños, pobres…), ¿por qué vamos a hacer un problema de semejante cambio en la forma de ejercer el papado? Es más, ¿no se podría pensar que un papa cercano a los más sencillos y gente humilde es, por eso mismo, un hombre evangélico? ¿Y nos vamos a escandalizar de eso? Es más, ¿se puede asegurar tranquilamente que Jesús – el Jesús que presentan los evangelios – no hizo teología? Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento nos encontramos con dos modos (o modelos) de hacer teología. Una cosa es la “teología especulativa” de Pablo. Y otra cosa es la “teología narrativa” de los evangelios.
Esto supuesto, lo que está ocurriendo ahora mismo en la Iglesia es que el papa Francisco está recuperando, con su sencilla espontaneidad y su forma de vivir, la fuerza enorme que tiene el relato (la teología narrativa). Sobre todo cuando ese relato responde a los anhelos, carencias, necesidades y búsquedas de la gente más sencilla, la que no sabe de teologías ni alcanza a seguir las especulaciones de los grandes maestros del pensamiento.
Pues bien, como es lógico, lo que acabo de apuntar tiene tantas y tantas aplicaciones a lo que viene ocurriendo en la Iglesia y en el mundo, que resulta imposible abarcar todas las consecuencias que de lo dicho se siguen. Por eso, yo me voy a limitar a una de esas posibles consecuencias. Porque me parece que así tocamos uno de los temas más importantes (y más urgentes) en el empeño por renovar la Iglesia. Me refiero al tema de la “sinodalidad de la Iglesia”.
Y es que, en los ambientes cercanos a la Curia Vaticana, se habla ahora con frecuencia de un proyecto capital que está resultando determinante en el gobierno de la Iglesia, tal como lo entiende el papa Francisco. Se trata de la “reforma del papado” o, para decirlo con más precisión, de la llamada “conversión del papado” (Marco Politi, Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione, Bari, Laterza, 2014, 146). Esta reforma tendrá, como componente esencial, el proyecto de recuperar para el gobierno de la Iglesia, la “sinodalidád”. Así lo había ya indicado el mismo Francisco en la entrevista que concedió al director de “la Civiltà Cattolica” (19. 09. 2013).
¿Qué es una Iglesia sinodal? Como es bien sabido, esta expresión no se refiere al hecho de que, cada dos años, el papa convoque un sínodo en Roma para debatir un tema teológico más o menos importante. “Iglesia sinodal” fue la Iglesia de los siglos III al IX, que estuvo gobernada de tal manera que las Iglesias locales (o nacionales) se auto-gobernaban por sí mismas mediante los sínodos o concilios locales o nacionales. Sínodos que eran presididos por los obispos de cada región o de cada país. La teología de esta forma de gobierno de la Iglesia fue sabiamente formulada por san Isidoro de Sevilla en el Ordo de celebrando concilio, redactado por el mismo Isidoro, para el IV concilio de Toledo (a. 633), un texto que tuvo una amplia difusión en Occidente (Y. Congar, L’ecclésiologie du Haut Moyen-Age, Paris, Cerf, 1968, 131-138). Es más, sabemos que hubo obispos y teólogos, ampliamente reconocidos en la Iglesia de aquellos siglos, como es el caso de Hinkmaro, Benedictus Levita o el autor de las Seudo-Decretales, para quienes el papa incluso estaba obligado a observar los cánones de los sínodos y a ejercer su autoridad de acuerdo con las decisiones de dichos sínodos (K. F. Morrison, The two Kingdoms. Ecclesiology in Carolingian political thought, Princeton, 1964, 71-98).
Lo que acabo de indicar puede parecer extraño o incluso escandaloso a no pocos católicos, que sólo conocen de la Iglesia y del papado lo que se ve y se oye en los últimos tiempos. Pero las cosas no fueron siempre así. Voy a poner un solo ejemplo que es elocuente por sí mismo. En el otoño del año 254, el gran obispo de Cartago, que fue san Cipriano, tuvo que resolver, en un sínodo, reunido en el mismo Cartago, el problema que habían planteado los fieles de tres diócesis españolas. Se trataba de las diócesis de León, Astorga y Mérida. En estas diócesis, los obispos había flaqueado en la persecución de Diocleciano. Los tres prelados no habían confesado su fe y, ante tal cobardía, las comunidades los habían depuesto de sus cargos. Uno de estos obispos, un tan Basílides, acudió a Roma, al papa Esteban, seguramente con una información no del todo objetiva. El papa lo repuso en su cargo. Lo que indignó a los fieles, que acudieron a Cipriano. Éste reunió un concilio local para resolver el asunto. La resolución está perfectamente documentada y nos ha llegado en la carta 67 de Cipriano, que además está firmada por los 37 obispos que asistieron al concilio. Parece, por tanto, esta forma de gobierno de la Iglesia estaba ya bastante extendida y aceptada en el s. III.
Así las cosas, lo que aquí interesa es saber que la carta sinodal de aquel concilio de Cartago afirma tres cosas: 1) El pueblo tiene poder para elegir a sus ministros, concretamente al obispo (Cipriano, Epist. 67, IV, 1-2). 2) El pueblo tiene poder para quitar al obispo cuando éste se comporta de manera indigna (Cipriano, Epist. 67, III, 2). 3) El recurso a Roma no debe cambiar la situación, porque ese recurso se ha hecho sin atenerse a la verdad y sinceridad que requieren estas decisiones (Cipriano, Epist. 67, V, 3) (cf. José M. Castillo, La alternativa cristiana, Salamanca, Sígueme, 1978, 192-193).
Es evidente que todo esto indica una mentalidad según la cual la Iglesia tenía su centro, más en la comunidad del pueblo creyente, que en el clero y en la jerarquía. Es importante saber que, en el tiempo de los Padres y en toda la alta Edad Media, los sínodos repetían frecuentemente el criterio que formuló el papa Celestino I: “nullus invitis detur episcopus”: “ningún obispo se les imponga a quienes no lo aceptan”. Para nombrar a un obispo se requería la aceptación y el deseo del clero y del pueblo: “Cleri, plebis et ordinis, consensus ac desiderium requiratur” (Celestino I, Epist. IV, 5. PL 50, 434 B). Y conste que este criterio estuvo en vigor hasta el s. XI, como consta en el Decreto de Graciano (c. 13, D. LXI. Friedberg, 231. Cf. J. A. Estrada, La identidad de los laicos, Madrid, Cristiandad, 1990, 128).
Por supuesto, la Iglesia nunca perdió la idea y el sentimiento del primado papal. De forma que el obispo de Roma intervenía en la solución de los asuntos más graves o que no podían decidirse a nivel local. Además, siempre se tuvo el convencimiento según el cual “el papa tiene la autoridad de Pedro si tiene la fe, la justicia y las costumbres de Pedro”. Una convicción mantenida y difundida por los papas, obispos y teólogos del Alto Medievo (Y. Congar, o. c., 162-163.
A partir de estos criterios, y mediante eta forma de gobierno, la Iglesia de aquellos siglos se mantuvo fiel a la fe en Jesús el Señor, fiel al Evangelio y fiel a su misión en el mundo. Y mientras se mantuvo así, pudo influir decisivamente en la cultura, en las costumbres y en la vida de los pueblos y las gentes de aquellos tiempos. Fue una Iglesia que tuvo una presencia y una fuerza que hoy ya no tiene. Una presencia y una fuerza que el papa Francisco quiere, a toda costa, recuperar. No para ganar poder y prestigio, sino para ayudar a humanizar el “mundo desbocado” (A. Giddens) que tenemos en este momento. 

REPORTAJE TVE del Musical I Have a dream


Función Solidaria de “I have a dream – Mamma Mía”

- Por: Jorge Zorrilla
10/03/2015 - 33 Visitas


Tendrá lugar el próximo viernes,13 de marzo, a las 20:00 h. La recaudación irá destinada al proyecto de la ONG YyD para el “Fomento de la Formación profesional en el Congo”

 
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El pasado fin de semana se estrenó el musical “I have a dream – Mamma Mía” en el auditórium de Salesianos Santander, fruto del trabajo de 135 personas durante más de 7 meses, destacando el centenar de jóvenes de entre 14 y 19 años.

El musical es una adaptación del famoso musical basado en las canciones del grupo sueco ABBA, y cuenta con un espectacular decorado que te transporta a Grecia desde la entrada al auditórium, con alegres y numerosas coreografías y un gran despliegue de luces y efectos visuales.

Más de 2.000 personas han disfrutado, se han emocionado y han salido entusiasmadas e impresionadas por la calidad del espectáculo organizado por el Centro Juvenil Atalaya y los Grupos Somalo Joven de Santander.

El proyecto, tras el éxito cosechado por los musicales «Quiero estar junto a ti»  y «Fama, el sueño de tu vida» en los años anteriores, sigue profundizando en la oportunidad educativa y pastoral que ofrece el teatro desde la claves pedagógicas salesianas.

Este proyecto que se ha visto apoyada por más de una veintena de empresas cántabras que han colaborado con la puesta en escena de este proyecto educativo y artístico del que los adolescentes y jóvenes no sólo han tomado parte, sino del que ellos mismos han sido los auténticos protagonistas.

El Ayuntamiento de Santander, a través del Espacio Joven, también ha querido sumarse a esta iniciativa al incluir una función del Musical en la programación de los fines de semana temáticos, la cual tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo, a las 21.00 horas, con entrada libre, hasta completar el aforo (700 butacas).

Con todas las entradas agotadas en menos de 5 minutos, la última oportunidad para poder reservarse butacas es la función solidaria que se realizará el próximo viernes día 13 de marzo a las 20.00 horas y que se organiza junto al Rotary Club del Real Valle de Camargo, que tiene un donativo mínimo de 10 € y cuya recaudación  integra irá destinada al proyecto de la ONG JYD para el “Fomento de la formación profesional en el Congo”. Entradas disponibles en la Portería del Colegio y en el 942 21 13 38.  Si quedara alguna entrada libre se podrá adquirir el mismo día en la entrada del autorium.

Algunos momentos de las actuaciones anteriores se pueden disfrutar desde este enlace.

Javier Valiente: “Este Bicentenario es un don para toda la Iglesia”


- Por: Alberto López
10/03/2015 - 29 Visitas


En la serie de entrevista que la Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos Pamplona. Esta semana ha aceptado la propuesta, Francisco Javier Valiente, delegado nacional de Comunicación Social y delegado de nuestra inspectoría “Santiago el Mayor”.










La entrevista, con en otras ocasiones, va desde lo más personal: su vida diaria, su opción vocacional, sus referentes hasta opiniones sobre la juventud, sobre los nuevos espacios para la comunicación, su uso y la propuesta salesiana. Entre otras ideas:

  • Invitar a los jóvenes a hacer cosas grandes. Presentarles propuestas arriesgadas.
  • Las Redes Sociales conectan con la necesidad que todos tenemos de comunicarnos, esto es especialmente importante en el mundo de los jóvenes.
  • En las Redes Sociales, como educadores y como salesianos: educar evangelizando y evangelizar educando.
  • Signos y portadores del amor de Dios: poniendo a Dios en el centro, vivir con alegría, sabiendo que tenemos mucho camino por recorrer.
  • La Familia Salesiana, tenemos que abordar con audacia e imaginación eso que definimos como la misión compartida.
  • Don Bosco nos pediría que fuésemos audaces en las obras.. y que siguiéramos buscando la manera de ayudar a los jóvenes a construir su vida, su futuro.

     

•Ningún obispo impuesto Comité Editorial Revista “Reflexión y Liberación”

Reflexión y Liberación

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No son caprichos los que mueven a la Iglesia de Osorno, sino graves acusaciones que afectan a la honra, la credibilidad y la confianza del obispo nominado...(Editorial R y L).
 La tradición de la Iglesia siempre ha concedido especial importancia a la nominación de los obispos, por la gran repercusión que tiene el testimonio de vida del pastor en la comunidad cristiana. Desde los consejos de Pablo a Timoteo, papas, doctores y santos han atendido con particular celo esta ocupación, aportando criterios y normas que en el  presente recoge el Código de Derecho Canónico.
En la historia de la Iglesia han habido situaciones delicadas que han debido ser corregidas y remediadas por la instalación de obispos que no fueron acogidos por la comunidad. En virtud de ello, en el siglo V, san Celestino, advertía:
«Y que nadie sea dado como obispo a quienes no le quieren o rechazan, no sea que los ciudadanos acaben despreciando, o incluso odiando, a un obispo no deseado, y se vuelvan menos religiosos de lo que conviene porque no se les permitió tener al que querían.» San Celestino I, Papa.
Se expresa así que, atendiendo al Bien Común de la Iglesia, el bien superior es la fe de la comunidad cristiana, por sobre cualquier otro interés.
La historia vuelve a hacerse presente, esta vez en la diócesis de Osorno, ante la nominación de un obispo rechazado por una comunidad cristiana madura y organizada, representada por fieles, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas.
No son caprichos los que mueven a la Iglesia de Osorno, sino graves acusaciones que afectan a la honra, la credibilidad y la confianza del obispo nominado, quien ha sido señalado como uno de los más cercanos colaboradores y encubridores de Fernando Karadima, en el deleznable delito del abuso de menores. Son las víctimas quienes lo identifican como uno de los principales protectores de tal delincuente.
La Iglesia de Osorno ha sorprendido por la fuerza moral manifestada en la defensa de un derecho esencial, cual es el cuidado de la fe y la religiosidad de todo el pueblo. Dicha fuerza radica en el buen recuerdo y en el gran ejemplo de su primer obispo, el siervo de Dios, Francisco Valdés Subercaseaux. Precisamente, las huellas de santidad de aquel querido pastor, que testimonió un amor radical a los pobres, se vuelven con escándalo contra la imposición de un obispo no deseado, que contradice el anhelo legítimo de la comunidad de tener a un buen pastor.
Don Juan Barros tiene derecho a la caridad cristiana. Pero ésta no lo rehabilita para el ejercicio de tan noble ministerio, especialmente cuando la memoria de los delitos cometidos por su mentor –multiplicados y reiterados por la complicidad de un silencio culpable– repugnan y violentan la conciencia de todo un pueblo. Nadie que profese un verdadero y honesto amor a la Iglesia puede obligar a aceptar tan grotesca imposición, sin dañar el mayor bien de la Iglesia, cual es la fe de sus hijos e hijas, y sin sumarse a la complicidad de tanto escándalo y vergüenza.
La Iglesia de Osorno sufre y la Iglesia chilena también. Duele el silencio del episcopado ante el reclamo justo de los cristianos, duele la falta de consideración, especialmente hacia los fieles cristianos laicos y laicas, que en presencia de hechos relevantes que incumben a todos, son tratados como sujetos indignos de una justa explicación y como objetos de ningún interés episcopal. De esa manera, ratifican aquel testimonio doloroso de que el laicado es parte de esa vocación terciaria y residual de la Iglesia. Los hechos demuestran que la persona de un obispo, comprometido en hechos muy graves, vale más que todo un pueblo.
En medio de tanta ignominia, reaviva la esperanza firme el involucramiento personal del administrador apostólico, don Fernando Chomalí Garib, cuyas gestiones en Roma se encomiendan a la intercesión del venerable siervo de Dios, don Francisco Valdés Subercaseaux, que un día dijo palabras tan proféticas y oportunas como:
El Obispo de Osorno se considera servidor sin distinción de todos los osorninos, pero no eludirá su deber, cuando sea el caso, de ser la voz de los que no tienen voz, y de recordar que la autoridad recibió el poder para la defensa de los débiles.” Venerable siervo de Dios, Francisco Valdés Subercaseaux, Novena de su veneración, Revista Humanitas.
Comité Editorial Revista "Reflexión y Liberación".

•Derechos fundamentales sacrificados al falso ídolo de la seguridad ciudadana Josetxo Ordóñez Echeverría

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Cristianismo y Justicia

Josetxo Ordóñez Echeverría. El día 11 de diciembre de 2014 el Gobierno del Partido Popular aprobó el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “ley mordaza”. El Proyecto de Ley será votado el día 10 de marzo en el Pleno del Senado y enviado de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva, junto con la reforma del Código Penal, y está previsto que ambas normas entren en vigor el próximo 1 de julio de 2015.

Toda esta tramitación, hoy todavía en curso, no obsta que el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española, partidos políticos, colegios profesionales, asociaciones, plataformas y particulares, de manera transversal pero también contundente, hemos mostrado nuestra oposición a aspectos clave de la nueva regulación. Sobre todo en lo que respecta a la garantía y respeto de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, en relación con la libertad de expresión y la genuina y democrática participación ciudadana en el control de los asuntos públicos. Decimos que el Proyecto legaliza la criminalización de la protesta social en la calle.
Fuera de nuestras fronteras, en diciembre de 2013, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai, en su informe de junio de 2014 dicen que el Proyecto de Ley del gobierno español vulnera la esencia del pluralismo, la tolerancia y la democracia.
En un país con uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa, resulta innecesaria la reforma de la ley de seguridad. El Ministerio del Interior se encarga de anunciar pomposamente que “España es un país seguro”. Más parece un lema para la promoción internacional de la marca España que una convicción que guíe la política legislativa del Ejecutivo. Y es que hay que ser claro: la nueva Ley de seguridad ciudadana es una respuesta a la contestación ciudadana de las políticas de recortes y la brutal degradación del Estado de Derecho de que estamos siendo testigos desde hace cinco años.
La estrategia del gobierno consiste en reprimir la contestación social, para conseguir el aval fáctico a sus políticas. La represión se lleva a cabo legalmente (a golpe de reforma), de forma gruesa y burda y en detrimento de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Derechos y libertades que son el fundamento del ordenamiento jurídico que, paradójicamente, ahora los ataca.
La conversión a infracciones administrativas de algunas infracciones penales leves -las faltas- es un buen ejemplo de cómo se puede hacer una jugada legislativa digna de tahur. Así, a pesar de que puede parecer que se suavicen las sanciones al sacarlas del código penal, en realidad, el Gobierno las mantiene en la ley administrativa de seguridad y limita la tutela judicial efectiva de las personas sancionadas ya que elude de un plumazo el control judicial previo que garantiza el proceso penal. Mientras en derecho penal rige el principio de presunción de inocencia del infractor, en derecho administrativo rige el principio de presunción de veracidad de la administración denunciante. Recurrir judicialmente y a posteriori estas sanciones quedará sometido a elevadas tasas judiciales que pueden suponer costes de más de 3.000€ para asociaciones sin ánimo de lucro. La elevada cantidad de las multas, que pueden llegar hasta 600.000€ en caso de infracciones muy graves, atenta contra el elemental principio general del Derecho de la proporcionalidad y muestra la desmesurada respuesta punitiva de la protesta social y la participación política. Además, la ambigua redacción de algunos de los ilícitos orientados a restringir la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación puede generar arbitrariedad en su aplicación. En estos procedimientos sancionadores, la Administración será juez y parte.
Las restricciones de derechos más importantes que plantea el proyecto como por ejemplo la sanción de la ocupación pacífica de bancos (arte. 37.7) o las manifestaciones ante el Congreso o las asambleas legislativas aunque no estén reunidas (arte. 36.2), parecen una respuesta represiva a las movilizaciones de los últimos años. Estas limitaciones del derecho de reunión y manifestación van acompañadas de la restricción del derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo la prohibición del uso de imágenes de las fuerzas de seguridad en caso de que puedan suponer un peligro para su seguridad o bien faltas de respeto o consideración hacia la autoridad (art. 36.26). Uno de los problemas crónicos de nuestra joven democracia no se cuestiona sino que se refuerza: la impunidad policial.
Quien sea más activo en la participación y la protesta, en la denuncia, será más duramente reprimido: se entiende reincidente, y por tanto sujeto pasivo de sanciones mayores, aquel que sea sancionado más de una vez en el plazo nada corto de dos años (art. 33.2 a).
Finalmente, se da cobertura legal a las “devoluciones en caliente” de las personas migrantes que consiguen cruzar la frontera y llegar a territorio español. Esta práctica es flagrantemente ilegal a los ojos del actual Derecho Internacional y ha sido criticada fuera de España por Nils Muiznieks, Comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa. El grosero método elegido por el Gobierno español para legalizar lo ilegal es muestra de una carencia alarmante de sentido legislativo: sustrae las demarcaciones de Ceuta y Melilla a la aplicación del ordenamiento general vigente en el resto de territorios españoles, para hacer de estos enclaves “zonas sin derecho”, con regímenes de excepción permanente en lo que concierne a los derechos humanos de las personas migrantes.
Ante estas maniobras criminalizadoras, esta escalada sancionadora, cuyo objetivo es cercenar el ejercicio de derechos fundamentales, son muchas las personas que consideramos que la desobediencia civil se convierte en un imperativo moral y también jurídico. Nos gustaría que no fuera algún día el único imperativo disponible al que apelar puesto que todavía estamos a tiempo de conseguir que estas reformas no se aprueben, y menos aún con el silencio cómplice o sumiso de la ciudadanía.