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jueves, 10 de julio de 2014

07 Pablo Iglesias y los supuestos defensores de los derechos humanos Vicenbc Navarro


Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 7 de julio de 2014
Este artículo denuncia y critica la campaña de movilización del establishment político y mediático de este país para destruir a Pablo Iglesias y el movimiento Podemos, en una campaña llena de falsedades por aquellos que se presentan como los grandes defensores de los derechos humanos en contra de la evidencia existente que muestra que, en realidad, están entre los mayores violadores de tales derechos.

Es una constante en la narrativa del establishment (es decir, la estructura de poder) político y mediático español denunciar al gobierno venezolano, durante el mandato del gobierno Chávez, por sus supuestas violaciones de los derechos humanos. Se presenta a Venezuela como una dictadura cruel y sangrienta, la más oprimente existente en América Latina. Una de las voces más promovidas en esta campaña es la del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, presentado en los mayores medios de información españoles como un autor especialmente sensible a las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Y últimamente hemos estado viendo como este mismo establishment se ha movilizado para destruir la persona de Pablo Iglesias y el movimiento que fundó, Podemos, denunciando su trabajo realizado para el gobierno venezolano, presentado como dictatorial, carente de sensibilidad democrática.
El establishment político y mediático español y sus portavoces han guardado, mientras tanto, un silencio ensordecedor sobre lo que ocurre en Honduras. Este silencio va parejo a la atención mediática por lo que está pasando en América Latina y en las fronteras del sur de EEUU con la infancia. Hoy es noticia mundial que se han detenido casi 50.000 niños (sí, ha leído bien, niños) en su intento de atravesar solos la frontera de México con EEUU huyendo muchos de ellos de Honduras. Pues bien, según Dan Beeton (“The Child Migration Crisis and the Legacy of the Honduran Coup”, del Center for Economic and Policy Research, de Washington DC), el 28% de estos niños son de Honduras. Sin embargo, en ninguno de los grandes medios se ha relacionado a estos niños con Honduras.
¿Qué pasa en Honduras?
Si usted es lector de estos medios, la conclusión a la que llegará es que no pasa nada. La atención se centra en Venezuela, gobernada por un partido de izquierdas. Honduras no tiene ninguna cobertura mediática, y ello a pesar de que hoy es uno de los países más violentos en el mundo, con mayores violaciones de los derechos humanos. Está gobernado por las derechas, por partidos (conservadores y liberales) que pertenecen a la misma sensibilidad y familias políticas (pertenecen a las Internacionales Conservadoras y Liberales) que las derechas españolas, es decir, PP, CiU, UPyD y C’s. Honduras (país con algo más de 8 millones de habitantes) es definida como la capital mundial de asesinatos políticos. Los siguientes hechos están siendo silenciados por los establishments políticos y mediáticos españoles (incluyendo los catalanes):
1. Una mujer es asesinada cada 13 horas. Según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, el feminicidio ha aumentado un 92% desde que tuvo lugar el golpe militar en el año 2009 liderado por un partido liberal. El equivalente en España serían 3.623 feminicidios.
2. 116 miembros de movimiento sociales han sido asesinados desde el golpe del año 2009. El equivalente en España serían 668 asesinatos.
3. Más de 30 periodistas han sido asesinados desde el golpe, sin que –según Reporteros sin Fronteras- ninguno de los asesinos haya sido imputado. El equivalente en España habría sido de 173 periodistas.
4. 74 abogados, conocidos defensores de los derechos humanos, han sido asesinados desde el año 2009. El equivalente en España serían 426 abogados.
5. 18 miembros del partido del Ex presidente Manuel Zelaya, (depuesto por el golpe militar) han sido asesinados. El equivalente en España serían 104 miembros.
6. 100 activistas del movimiento campesino de protesta frente a la Dinant Corporation han sido asesinados, y sus tierras expropiadas, durante este periodo. El equivalente en España serían 576 campesinos.
El clima de terror ha sido generalizado, pues sostiene una de las estructuras sociales más injustas de las muchas existentes en América Latina. La pobreza es sangrante y ha empeorado desde el año del golpe.
Esta situación ha generado una protesta por parte de 108 miembros del Congreso de EEUU, que han escrito una carta al Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. John Kerry, exigiendo que se interrumpa cualquier ayuda al gobierno hondureño, y denunciando los abusos existentes en aquel país, que han conducido a la huída de personas (incluyendo niños solos) de esta situación de miseria, pobreza, terror y represión. Desde que sucedió el golpe militar, el número de niños solos que intentan huir a EEUU, a través de la frontera, ha aumentado en 1.272 veces. Y los liberales y conservadores españoles no dicen ni pío. Este silencio es un indicador de su inexistente compromiso con la libertad y con los derechos humanos que constantemente cacarean.
El País y sus silencios ensordecedores, incoherencias e hipocresías
Mientras se daba este silencio ensordecedor sobre la enorme violación de los derechos humanos que está ocurriendo en Honduras, ha habido una algarabía casi histriónica contra el gobierno Chávez (que fue uno de los más exitosos en reducir la pobreza, incluyendo la infantil). Este doble estándar se muestra en la agresividad frente al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, acusándolo de haber recibido dinero del demonio, el gobierno Chávez. El diario El País ha sido uno de los mayores acusadores, denunciado que Pablo Iglesias recibió dinero como consecuencia de sus servicios prestados como asesor. Lo que El País no ha dicho es que este rotativo ha recibido 4 millones de dólares del gobierno Chávez por los servicios proveídos por este periódico, vendiéndole (su casa editorial) un millón de ejemplares de El Quijote. Es más, El País colaboró con el gobierno Chávez al sacar un prólogo de Vargas Llosa y sustituirlo por otro, escrito por el Premio Nobel José Saramago.
Imagínese el lector por un momento que esto lo hubiera hecho el diario Público. Habría habido una movilización mediática liderada por El País en contra de Público por ser un instrumento del gobierno venezolano, servil y dócil al Presidente Chávez. Ni que decir tiene que El País no ha dicho ni pío de todo esto. Para leerlo tiene que ir al último número de la revista Mongolia (Julio/agosto 2014, pagina 61), que lo explica con gran detalle.
Estamos viendo, pues, el intento de destruir por todos los medios imaginables un movimiento que se considera amenazante a la estructura de poder financiero, económico, y por lo tanto político y mediático, de este país. Y el establishment responsable de tal agresividad tiene la osadía de justificar sus manipulaciones y falsedades bajo el argumento de que son ellos los defensores de los derechos humanos. El grado de incoherencia, por no decir hipocresía, del establishment español alcanza niveles auténticamente hiperbólicos.
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El Banco Vaticano adelgaza para servir “solo a la Iglesia” Pablo Ordaz El País


La inspección ordenada por el papa Francisco clausura 3.000 cuentas sospechosas
Jorge Mario Bergoglio llegó hace un año y tres meses a la silla de Pedro, pero apenas se ha sentado. Su actividad frenética –de ahí un cansancio que le ha obligado a cancelar algunos actos en las últimas semanas— se divide casi por igual en reorientar a la Iglesia católica hacia la periferia de los más necesitados y en intentar limpiar, de una vez por todas, las sentinas del Vaticano ··· Ver noticia ···

Los movimientos sociales preparan movilizaciones ante la inminente aprobación de la ‘ley mordaza’

Cuarto Poder

Miguel Muñoz *

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Concentración convocada por ‘No somos delito’ durante la jornada de reflexión de las pasadas elecciones europeas. / M. M.
Las palabras del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la ley de Seguridad Ciudadana y su intención de que llegue al Congreso este mismo mes de julio han hecho reaccionar a los movimientos sociales. La Plataforma No Somos Delito, que aglutina a diferentes colectivos que rechazan tanto la polémica ley como la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada, convocó ayer en el Patio Maravillas de Madrid una asamblea urgente para decidir estrategias comunes ante esta situación. Alrededor de 50 personas, pertenecientes, por ejemplo, a asambleas del 15-M, colectivos antirepresivos como Madres Contra la Represión, entre otros o a la Coordinadora 25-S participaron en el encuentro.

“Consideramos que hay que preparar a la gente, informarla y trasladarlo a todos los colectivos”, señala a cuartopoder.es, al terminar la asamblea, Isabel, integrante de No Somos Delito. Para Isabel es importante “estar alerta” y desde el colectivo intuyen que la aprobación por el Gobierno puede ser a finales de mes o incluso la primera semana de agosto “para que la gente no se entere mucho”. “Tiene la intencionalidad de que en Madrid salga poca gente a la calle, está pensado para eso. Si se aprueba en septiembre u octubre estaría mucha más gente, eran las fechas previstas”, destaca a este medio Mónica, integrante de la asamblea 15-M de Malasaña.
La hoja de ruta que se marcan los movimientos sociales comenzó ayer con una lluvia de ideas para proponer acciones conjuntas y unitarias. “Hay que coordinarse bien e ir a los mismos lugares con objetivos comunes”, destaca Isabel. Ya hay una acción concreta, “de reacción” y con consenso unánime, que la plataforma había difundido la semana pasada en redes sociales y basada en protestar el mismo día que se apruebe el anteproyecto a las 19:00 en la sede del PP de la calle Génova. De todo el resto de iniciativas, los activistas trabajarán durante los próximos días en elaborarlas para que la semana posterior a la aprobación ya se encuentren preparadas. “El objetivo principal es pararla, tenemos asumido que va a llegar al Consejo de Ministros este mes, siendo realistas, lo que buscamos es que cuando llegue al Congreso lo haga muerta, que no avance”, afirma uno de los participantes del encuentro, que prefiere no decir su nombre.
El reto principal que se han marcado los movimientos sociales es dar visibilidad a las consecuencias de esta reforma. “Nosotros tenemos que autoformarnos, hay mucho material bien preparado y con un lenguaje sencillo. Eso es lo primero y hay que pasarlo poco a poco para darle difusión entre otros colectivos y hacer más fuerza. Hay que dar más información a pie de calle”, destaca Mónica. La Plataforma No Somos Delito ya realizó una performance teatral en la jornada de reflexión de las elecciones europeas. Para varias de las personas participantes, ese es un camino importante a seguir. “Uno de los objetivos es salirse de los círculos habituales en los que nos movemos, romper esa barrera que nos separa, ir a las calles, acercarnos e informar de una manera creativa y lúdica”, señala una activista. Por ello, el uso del “teatro de denuncia”, afirma la activista, permite llegar a lugares más variados como el metro, lugares de trabajo, puertas de colegios, etc y puede ser una herramienta útil. Del mismo modo, también se realizarán otras manifestaciones más directas o actividades de recogidas de firmas, todas aún por definir.
El Código Penal como “ley madre”
Aunque el foco de protesta en estos momentos se sitúa únicamente en la llamada “ley mordaza”, los asistentes recuerdan que la reforma del Código Penal es clave. “Si no hay nuevo Código Penal no se puede aprobar la ley mordaza, va una en relación de la otra”, afirma Isabel. “Por lo que tenemos que luchar es contra la ley madre, hay que conseguir pararla”, señala uno de los participantes. Para él, esta reforma, cuyo proyecto del ley fue aprobado en septiembre de 2013, “nos divide en una sociedad en la que hay una parte que domina, que son los legales, y otra parte que estamos subordinados, no tenemos razón y somos criminales”. “El espíritu es que somos enemigos, delincuentes y criminales y hay que categorizar en diversos delitos para encontrar qué parte de nuestra personalidad es criminal. Es básicamente lo que dice la reforma”, añade. “Cuando se aprobó, apenas tuvo repercusión social y nos plantamos con la posibilidad de que en septiembre pueda entrar en vigor en cualquier momento. La reunión que hemos hecho es para prevenir que en cualquier momento pase todo eso”, apunta Isabel.
El anteproyecto de ley de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazado desde el primer momento por diferentes sectores de la sociedad y también desde partidos políticos de la oposición como PSOE o IU, que la han calificado de autoritaria por varios de sus supuestos. Un extenso informe de GreenPeace presentado en febrero alerta sobre las graves restricciones en los derechos de libertad de expresión y manifestación. “La gente tiene que ser consciente que no es una ley sólo para gente que vamos a manifestaciones”, afirma Mónica. “Estas leyes buscan reducir la protesta, coartarla porque están en un punto casi contra las cuerdas por la presión social. Creo que buscan callarnos con estas formas, no lo van a poder hacer. Aunque triunfe esta ley va a ser justo lo contrario lo que consigan”, destaca un integrante en la asamblea.
(*) Miguel Muñoz es periodista.

Miles de personas protestan en toda España reclamando respeto al derecho de huelga

Sindicalistas de CCOO y UGT Aragón se ante la delegación del Gobierno en Aragón para denunciar la "criminalización" del derecho a huelga y la libertad sindical.- EFE/Javier Cebollada


Miles de personas se han concentrado este miércoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España convocados por los sindicatos CCOO y UGT para reclamar a los poderes públicos y al Gobierno central que respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y "cesen en su intento de criminalizar" las protestas sociales y laborales.
En las concentraciones de este miércoles, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en Madrid, Navarra y Galicia, se ha mostrado el apoyo a los más de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas.
Estas acciones forman parte de la campaña ¡No nos callarán!, con la que los sindicatos quieren denunciar una "ofensiva penal" contra el derecho de huelga y los sindicatos.
Con este objetivo, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reunieron hace unos días con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Al mismo tiempo, los sindicatos se han dirigido a la Fiscalía, reclamando que se cambie el Código Penal y se repongan los derechos fundamentales que, a su juicio, "se están socavando".
Durante las concentraciones de hoy, los sindicatos han entregado un escrito en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en el que denuncian que, en total, son 81 los procedimientos abiertos y 265 los sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos, en su mayor parte relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en 2010 como en 2012.

La sucesión al trono



Editorial de 

REDES CRISTIANAS 



La manera como se ha gestionado la sucesión al trono ha sembrado sobre la monarquía más sombras que las que ya tenía. Las prisas, el silenciamiento de cualquier opinión que pedía claridad, la prohibición de las manifestaciones de signo contrario, el control férreo de los medios de comunicación, el ocultamiento de las opiniones que pedían ser consultadas, la “chapuza” del aforamiento “exprés” -según la expresión de Jesús Posada, presidente de las Congreso-, etc., han alimentado toda clase de sospechas.
Hay un tema de fondo que lo condiciona todo: la monarquía fue una imposición de la dictadura que por un sangriento golpe de estado usurpó el poder a una república legalmente constituida. La transición hacia la democracia se hizo con los condicionantes que todos conocemos. Sin entrar a valorar los años transcurridos desde entonces ha llegado el momento de poder opinar sobre qué modelo de estado queremos y poder construir entre todos y todas unas nuevas reglas del juego. En todos los campos, el político, el económico, el territorial, el cultural.
Ocultar este tema de fondo no sirve de nada, es cerrar en falso los problemas profundos de la sociedad. La práctica del avestruz de pretender resolver problemas tapándolos, no sirve, tarde o temprano reaparecerán. Y en esta ocasión creemos que quienes han estado en los entresijos de la operación, una vez más se han equivocado. Han creído que por la vía de la aplicación de la constitución se podía pasar por alto la opinión pública.
Obviamente se han cumplido los requisitos exigidos por la constitución. ¡Faltaría! Pero ante el agotamiento y la degradación política española, hoy esto no basta. No escuchar la opinión pública sin duda afecta y pasará factura de por vida al sucesor y sobre todo, afecta a la fundamentación moral y ética de la institución, base sobre la que debe sustentarse cualquier acción política.
En segundo lugar la operación ha venido acompañada, sobre todo por la rapidez y el modo de aforamiento, por la sospecha de implicación en la corrupción. Juan Carlos será el único ex-mandatario de Europa (excepto la familia real de Dinamarca) aforado por su responsabilidad en hechos anteriores. Mal ejemplo buscarle privilegios en las presentes circunstancias. Por otra parte, flagrante contradicción cuando en estos días el gobierno se erige como valedor de no-privilegios de aforamiento.
Pretender ocultar sospechas de corrupción o de notoria falta de ejemplaridad en la más alta institución del estado es un error. Primero por imposible. Pero sobre todo porque acarrea la corrosión en cascada de todo el cuerpo social.
Finalmente, una vez más hemos echado en falta la voz de la jerarquía de la iglesia católica, tan preocupada en otras ocasiones por otras dimensiones morales. Era de esperar que a partir de elementales criterios morales y como exigencia de la imprescindible regeneración de la vida pública se pidiera un mayor grado de transparencia y libertad de expresión.