La factura del rescate se sigue disparando con nuevas ayudas como 15.000 millones de euros para la CAM
Economía ha desplegado un abanico de ayudas que es una auténtica maraña:
ayudas directas, avales, bonos garantizados, créditos fiscales o el
banco malo
Luis de Guindos dice que es difícil saber cuánto se recuperará
España tiene el equivalente a casi un
tercio de su economía comprometido en algún tipo de apoyo al sector
financiero. La factura del rescate de la banca no deja de subir, con
algunas entidades dando sorpresas, para mal, por estar peor de lo que
estaban.
La semana pasada arrancaba con la confesión de Luis de Guindos, en
una comparencia en el Congreso, de que finalmente a la CAM se le darán
15.000 millones de euros en ayudas, para que pueda ser absorbida por
Sabadell, frente a los 5.249 ayudas anunciadas. También el ministro
informaba de que los 12.000 millones de euros inyectados en
CatalunyaCaixa tienen un futuro más que incierto. Y como colofón, una dura realidad: el Estado no sabe cuánto recuperará del rescate, ni cuándo.
Hacer las cuentas de lo que España está movilizando para reflotar el
sector financiero es un auténtico laberinto. Se han puesto en marcha
fórmulas muy dispares para reestructurar el sector. Pero en conjunto, se
han movilizado algo más de 280.000 millones de euros, según los datos
que se han hecho públicos. Con todo,
el baile de cifras hace fácil entender que al propio ministro le cueste
cuantificar el rescate. Los componentes de la conocida como troika, Fondo Monetario Internacional,
Comisión Europea y Banco Central Europeo, así como el Banco de España,
califican y clasifican de distinta forma las ayudas. Y así los números
no fallan.
Algunas cifras coinciden y están cerradas. En ayudas directas, el Estado
ha desembolsado 61.300 millones de euros en reflotar bancos. Esto es lo
que se podría perder con más facilidad. Pero a este grueso hay que
sumar una serie de partidas que, aunque aún no han supuesto gasto, son
potencialmente una derrama para el Estado, ya que está avalando con el
Tesoro a las entidades.
Estas cifras también vienen con una pequeña trampa. Ese cálculo no
incluye, por ejemplo, las ayudas recibidas por Kutxabank para la
adquisición de CajaSur. Dos aportaciones del Fondo de Garantía de
Depósitos de 800 millones primero y de 392 millones en una segunda
ampliación de capital, que en Cibeles consideran que ha sido pagados por
la propia banca y que, por tanto, no deben computar como dinero
público. Aunque son parte del coste total del rescate.
Además, según la información recogida por el FMI en su visita de mayo
a España, el Estado ha avalado emisiones de deuda de los bancos por
valor de 100.000 millones de euros. Los vencimientos de estas emisiones
eran cortos y comienzan ya a desaparecer. Pero en el caso de que alguna
resulte fallida por un impago, tendrá que ser aportada por las arcas públicas.
Tóxicos del Estado
La creación del banco malo es otro de los instrumentos donde el
Estado arriesga más dinero público. En total, ha avalado la emisión de
50.000 millones de euros que llevan el sello del Tesoro. Si en algún
momento de sus quince años de vida la conocida por sus siglas como Sareb
no puede hacer frente a los intereses de la deuda, el Estado saldría en
socorro. Además, el Frob, el brazo financiero del Estado, puso 2.500
millones de euros de capital inicial, esto ya como desembolso directo.
Cabe recordar que el banco malo se ideó como un gran contenedor de
activos tóxicos de los que liberar a la banca para que pudieran seguir
con su negocio sin el lastre de esta basura financiera. Su puesta en
marcha fue vendida como una de las medidas más eficaces para librar a
las entidades rescatadas de su carcoma. Sin embargo, la tasa de
morosidad del sector bancario no deja de marcar récords. El último, esta
misma semana, con más de un 13% de impagos. Que esta tasa siga
aumentado quiere decir que en el balance de los bancos aún se han
quedado activos que se daban por buenos y que, finalmente, han sido
fallidos.
Otro de los euros que han puesto en juego más dinero público son los
llamados Esquemas de Protección de Activos (EPA). Cuando el Estado
diseñó las operaciones de venta de las cajas nacionalizadas, se encontró
con pocas entidades dispuestas a embarcarse en esas compras. Las
reticencias eran variadas, pero una de las más importantes era que,
antes de la compra, el acceso a las cuentas reales de la entidad era
limitado y muchos de los compradores temían que, una vez asumida la
propiedad, una revisión profunda de la contabilidad les deparara
sorpresas negativas. Por ejemplo, que créditos anotados como dudosos o
substandard pudieran, en realidad, tratarse de créditos fallidos,
multiplicando así las pérdidas estimadas.
Para limar esas asperezas y convencer a los inversores, el Gobierno
ideó estos EPAS. Se trata, en realidad, de una garantía contractual,
según la cual, el Estado se compromete a indemnizar al comprador en el
caso de que alguno de esos créditos dudosos se transforme en fallido.
Normalmente esos EPAS cubrían alrededor del 80% de los créditos
dudosos durante un periodo de entre cinco y diez años. Aunque el
compromiso varía según cada operación y en el caso de la CAM fue de
cinco años. También hay casos en el que el banco que compra asume pagar
parte de los fallidos iniciales (un sistema de franquicia) y, a partir
de ahí, el resto corre a cuenta del Frob. Cabe resaltar que la opacidad
de estos instrumentos es total y no se facilitan los datos por
entidades.
Por lo que ha apuntado De Guindos, parece que los créditos dudosos de
la CAM van a ser definitivamente impagados y, por lo tanto, a los
contribuyentes españoles les tocará volver a rascarse el bolsillo para
pagar, en este caso a Banco Sabadell, que fue la entidad que adquirió la
CAM, alrededor de 16.250 millones de euros adicionales, según las
cuentas exactas que ha elaborado José Francisco Bellod, investigador
económico de la Universidad de Cartagena.
Y, es que, hasta ahora, el Fondo de Garantía de Depósitos había
inyectado 5.249 millones de euros para salvar a la Caja del
Mediterráneo, pero ni siquiera con ese apoyo pudo revivir y, finalmente,
se adjudicó a Banco Sabadell en diciembre de 2012 por el simbólico
precio de 1 euro.
“Aunque el panorama financiero y económico ha mejorado mucho, es muy
probable que al menos el 80% de los EPAS vayan a tener que ser abonados
por el Estado”, asegura Enrique Pérez-Hernández, profesor del Máster de
Dirección de Entidades Financieras del Instituto de Estudios Bursátiles.
“El cálculo final es imposible. Cada año se actualiza la cantidad de
EPAS en función de la cuenta de resultados de cada entidad y de las
condiciones concretas en que se hayan concedido”, aseguran otras fuentes
del sector financiero. Hasta ahora, las únicas pérdidas seguras
contabilizadas por este concepto ascienden a 6.506 millones de euros,
pero en el peor de los casos, es decir, que todos los EPAS que se han
garantizado resultaran fallidos, esa cantidad podría llegar hasta los
35.681 millones de euros.
Desde el Banco de España no están de acuerdo con este cálculo, puesto
que consideran que técnicamente no es correcto incluir avales, ya que
éstos no han sido ejecutados en su totalidad. “Aunque no se haya
gastado, es importante incluirlo porque es la forma adecuada para que
los ciudadanos visualicen todo el dinero que se ha movilizado, ya sea
gastado o comprometido para el futuro, para ayudar a un sector
concreto”, explica el profesor Bellod. Por su parte, la Unión Europea
recogía que el total de EPAS más avales comprometidos a 30 de
septiembre de 2013 ascendía a 105.000 millones de euros.
Además, este economista insiste en que, si los organismos
internacionales lo incluyen, se debe a que están aplicando el “principio
de prudencia que exigen las normas contables internacionales”, según el
cual, cuando hay un riesgo de impago en los llamados “pasivos
contingentes” este debe ser reflejado en la contabilidad. Para Bellod,
el “riesgo de impago de los activos garantizados por los EPAS, e incluso
por el resto de avales, es alto”.
Ventajas fiscales y Bankia
Otra decisión del Estado que ha redundado en un alivio
multimillonario es la aprobación de los créditos fiscales diferidos. Así
se llaman los beneficios fiscales que las empresas se guardan los años
que tienen pérdidas y no pueden utilizar. Estas bonificaciones se
preservan hasta 18 años, de forma que, cuando una compañía tiene
beneficios, puede tirar de estas deducciones para rebajar el Impuesto de
Sociedades.
Los bancos atesoraban 50.000 millones de euros en este tipo de
activos después de los años de vacas flacas que ha atravesado el sector.
Desde Bruselas se exigía una decisión sobre la legalidad de estos
beneficios, y finalmente el Estado ha reconocido a la banca el derecho a
utilizar como ventajas fiscales 30.000 millones de euros. Esto va a
implicar que las arcas del Estado van a ver cómo se drenan impuestos de
los beneficios fiscales en la misma cantidad, esto es, 30.0000 millones
de euros menos en los próximos 18 años. Desde Economía recuerdan que se
han limitado a poner en práctica una directiva europea.
Este chorro de dinero asciende a la cifra de 281.000 millones de
euros movilizados para que la banca tenga una amplia zona de confort
asegurada con dinero público donde salir a flote. Las críticas son
evidentes y no hacen más que notarse. Aunque la factura engorda, por la
vía de los ingresos el Estado no percibe nada. Quizás por eso esta misma
semana se hayan precipitado los acontecimientos con la noticiade que
Economía está en contactos para hacer caja con una parte de Bankia.
Aunque el Frankenstein financiero se lleva la mayor parte de la
atención mediática, los 22.500 millones de euros inyectados no son los
que corren en este momento más peligro. La acción de Bankia ya ha tocado
el precio de la ampliación de capital, esto es, el precio al que entró
el Estado en el accionariado, y ahora mismo podría recuperar (si
quisiera) 10.600 millones de euros del rescate.
Pero la avidez por lograr hacer caja en al menos una parte de esta
inmensa factura puede llevar anticipadamente. La forma más sencilla de
recuperar el monto total es dejar que la acción siga subiendo hasta
tocar el entorno de los 3 euros (ahora está en 1,35), donde se podría
recuperar todo el dinero invertido. Sin embargo, si en este momento se
empieza a llenar el mercado de bankias, lo lógico, según explican los
brókeres consultados, es que la acción baje de precio, al haber más
títulos con los que negociar.
Así que, mientras Guindos decide si exprimir a la niña bonita del
rescate (sí, es Bankia), la factura sigue engordando con flecos
multimillonarios. Pero el rescate no iba a costar “ni un euro a los
contribuyentes”.
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Quien leyó mis dos artículos anteriores El funesto imperio mundial de las corporaciones y Una gobernanza global de la peor especie: la de los mercaderes
habrá seguramente concluido que en esta nave espacial-Tierra sus
pasajeros viajan en condiciones totalmente diferentes. Un pequeño grupo
de super-ricos han ocupado la primera clase con un lujo escandaloso;
otros afortunados viajan en clase económica y son razonablemente
servidos de comida y bebida. El resto de la humanidad, y son millones,
viaja junto a los equipaje con un frio de muchos grados bajo cero, medio
muertos de hambre, de sed y de desesperación. Golpean las paredes de
los de arriba gritando: “o repartimos lo que tenemos en esta única nave
espacial o en cierto momento se acabará el combustible y, poco importan
las clases, moriremos todos”. ¿Pero quién los escuchará? Duermen
impasibles después de un copioso yantar.
