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martes, 17 de diciembre de 2013

España: El negocio de seguridad privada de la ultraderecha Antonio Maestre

La nueva Ley de Seguridad Privada aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP, PNV y CIU permitirá a las empresas de seguridad privada realizar actividades hasta ahora reservadas para las fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, la nueva ley permitirá patrullar, detener e identificar a supuestos delincuentes en calles, de zonas comerciales, polígonos industriales y urbanizaciones. Además de participar en labores de vigilancia perimetrales en recintos carcelarios y centros de internamiento de extranjeros. Así reza uno de los artículos de la ley.
«En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.»
Uno de los grandes beneficiados por la ley de seguridad privada que el PP ha aprobado con el apoyo de CiU y PNV es la extrema derecha valenciana, sobre todo el partido ultra España 2000. Levantina de Seguridad es una empresa de seguridad privada de la que Jose Luis Roberto, presidente del partido de extrema derecha España 2000, es copropietario desde hace muchos años. El vínculo entre esta empresa de seguridad -que ahora podrá patrullar, identificar y detener- con el partido ultra y con la asociación ANELA de clubs de alterne es íntima. Jose Luis Roberto, es un histórico de la extrema derecha en España, detenido durante la transición por poner dos bombas en un acto independentista. Vinculado en su momento pero nunca condenado por financiar y apoyar a Acción Radical y Frente Antisistema, grupos violentos de extrema derecha.
La Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios, acoge a todos los miembros de la seguridad privada de la comunidad valenciana. Uno de los miembros de la APVSS, de la que también es miembro Jose Luis Roberto, es Jose Antonio Ocio Albiñana, Secretario General de España 2000, asociado a la patronal valenciana de seguridad privada como miembro de la empresa de seguridad Roberto Ramón.
Levantina de Seguridad cuenta entre sus vigilantes con multitud de miembros que forman o han formado parte del partido ultra España 2000. Según consta en la página web de la empresa Levantina de Seguridad, José Cercos, es el director de inspectores de la empresa. Además Cercos es miembro del Consejo Nacional de España 2000. Pero no es el único. Ramon Barnes y David Tejedor, que fueran candidatos al Senado por Valencia en el año 2011 son vigilantes de seguridad de la empresa Levantina, condecorados por la administración.
Otros miembros de España 2000 trabajando en la empresa Levantina de seguridad son Ricardo Bartolomé Martínez, que se presentó en 2004 en las elecciones al Congreso en un pueblo de Tarragona. Rafael Gimenez Gimenez, suplente de España 2000 en las elecciones a las Cortes Valencianas en 2003. Todos ellos recibieron por parte de la dirección general de la policía una mención honorífica por sobresalir en el cumplimiento de sus funciones. Que no es otra cosa que la detención de un inviduo en un polígono en el año 2012 para Ricardo Bartolomé y la detención por robo en otro polígono en el mismo año para Rafael Gimenez. En aquel momento se pudieron realizar estas detenciones al ser efectuadas en flagrante delito según el artículo 490 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Salvador Cayrols se presentó a las elecciones en Paterna como número 3 de España 2000, es también vigilante de seguridad de Levantina, y campeón de España de Grappling,un tipo de lucha, en la categoría de más de 110 kilos. La lucha y las artes marciales son otra de los negocios en los que la empresa de Jose Luis Roberto está implicado con el gimnasio Gym Levantina, donde muchos de sus vigilantes son entrenados.
Un antiguo trabajador de Levantina de Seguridad, Alejandro Serrador Ferrer, llegó a ser concejal de España 2000 en la población valenciana de Silla. Serrador ha sido condenado en varias ocasiones, además de estar implicado en la Operación Panzer por la que se pide a todos los implicados un total de 42 años de prisión.
Las prácticas de unas empresas de seguridad como son Levantina Seguridad y Grupo Roberto Ramón quedan en evidencia en las notas de prensa que Levantina cuelga en su web. Esto decían sobre la detención de dos “indigentes”.
«Los hechos se produjeron en una gran superficie comercial próxima a Valencia, cuya seguridad corre a cargo de la empresa Grupo Roberto Ramón. Los individuos se adentraron en el centro en hora punta para intimidar a los clientes amenazándoles para obtener dinero. Los servicios de vigilancia fueron alertados por el personal del centro.

«Una vez localizados los individuos intentaron escapar de la presión de los vigilantes para finalmente ser reducidos y retenidos hasta la llegada de la policía nacional. Aunque los vigilantes tuvieron que utilizar la fuerza para reducir a los detenidos, no hubo que lamentar daños físicos».

Criminalizar la pobreza Miguel Santiago Losada, profesor y presidente de la Asociación Kala


Enviado a la página web de Redes Cristianas
El gobierno municipal está elaborando un borrador de ordenanza en el que se multa con 900 euros a aquella persona que extraiga basura de un contenedor. Si por un momento nos paramos a reflexionar en el sujeto sobre el que susceptiblemente recaerá tal sanción, imaginamos su rostro, lo primero que nos debería de brotar es un sentimiento humanitario que nos llevará a preguntarnos si este sistema tan injusto no ha multado ya lo suficiente a una persona que se ve obligada a estar rebuscando comida o chatarra en los contenedores.
Por otra parte, me pregunto cómo una persona que busca entre la basura puede pagar una multa de 900 euros, a no ser que se le trate con el mismo rasero que a algún capitular que se sienta en el Ayuntamiento, cuya multa millonaria no paga, y sobre el que la presión consistorial, cuanto menos, es un tanto laxa.
No resulta baladí este tipo de ordenanzas, que dejan traslucir ideologías en las que la persona pobre y excluida es un ser que afea y molesta y, por tanto, hay que barrer de nuestras calles. Criminalizar la pobreza es algo consustancial a ideologías conservadoras, que entienden que la persona pobre y excluida es la única responsable de su situación, y por tanto, con ellas sólo cabe el castigo y/o la beneficencia. Pero no se le pueden poner puertas al campo: a base de multas, sanciones, cuchillas en alambradas, etcétera, es decir, a base de represión, no sólo no se resuelve el problema sino que añade grandes dosis de inhumanidad y sufrimiento.
La pobreza se combate con empleo, con formación, con educación, con salud, con vivienda; la pobreza se combate posibilitando que las personas puedan gozar de los derechos que emanan de la Carta Universal de los Derechos Humanos, de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía. Por consiguiente, invito al Ayuntamiento de Córdoba a que ponga toda su energía en cobrar las multas millonarias impagadas para, con ese dinero, desarrollar programas de empleo, programas sociales, programas educativos, para que las personas no se vean obligadas a rebuscar entre la basura.

Rouco pierde poder en Roma Pablo Ordaz


El papa Francisco prescinde del presidente de la Conferencia Episcopal Española como miembro de la Congregación de los Obispos
El poder del cardenal Antonio María Rouco Varela, todavía arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se va apagando. Ayer dejó de ser miembro de la Congregación para los Obispos, una de las nueve grandes organizaciones de la curia vaticana, fundada por Sisto V en 1588 y entre cuyas atribuciones está nombrar a la jerarquía de la Iglesia católica, de ahí que se le conozca como “la fábrica de obispos”. El papa Francisco, que también ha prescindido del cardenal tradicionalista estadounidense Raymond Burke y del conservador italiano Mauro Piacenza, ha confirmado en su puesto, sin embargo, al presidente de la Congregación, el canadiense Marc Ouellet, y a los dos españoles, Antonio Cañizares y Santos Abril.

La edad de Rouco Varela, 77 años, y su próxima sustitución al frente del arzobispado de Madrid y del gobierno de la Iglesia española serían causas más que suficientes para justificar la decisión de Jorge Mario Bergoglio, quien a golpes de timón —la creación de nuevos mecanismos de control sobre el banco del Vaticano— o con virajes suaves —la sustitución de tal o cual persona en este o aquel dicasterio— va ajustando la Santa Sede a su imagen y semejanza. Pero tampoco a nadie se le escapa que la impronta que Francisco va marcando frase a frase —“¿quién soy yo para juzgar a los gais?” o “la Corte es la lepra del papado” —no se parece demasiado a la que Rouco Varela viene dejando desde que, en 1999, asumió la presidencia de la CEE. La pericia de Rouco para encontrar enemigos de la fe y prometer el infierno es directamente proporcional a la de Bergoglio para abrir la puerta de las parroquias a los descarriados apelando a la misericordia. Si, al margen de la edad o de los años en el cargo, hubiese que encontrar al príncipe de la Iglesia que busca Francisco, “un pastor con olor a oveja”, que viaje “hacia las periferias del mundo” para llevar “una iglesia pobre y para los pobres”, no parece que Rouco Varela diese el perfil.
Esta organización es clave en la curia; nombra a la jerarquía eclesiástica
En cualquier caso, la nómina de nombramientos y confirmaciones —la Santa Sede no especifica las bajas ni por supuesto las justifica— deja claro que la Congregación para los Obispos intenta expandirse. Llama la atención, por ejemplo, que entre los 12 nuevos miembros cuatro provengan del otro lado del Atlántico: Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara (México), Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá (Colombia), el brasileño Joao Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, y Donald William Wuerl, arzobispo de Washington. Además, y como era de esperar, Jorge Mario Bergoglio confirma en su puesto como miembro de la Congregación a Tarcisio Bertone, el secretario de Estado durante el pontificado de Benedicto XVI y nombra a Pietro Parolin, el actual secretario del Papa. También entraba dentro de lo previsto la confirmación de los españoles Antonio Cañizares, a la espera de destino después de concluir su mandato en la Congregación para el Culto Divino, y de Santos de Abril, que si bien es mayor que Rouco Varela, tiene 78 años, es arcipreste de la basílica romana de Santa María la Mayor y forma parte del círculo de confianza de Jorge Mario Bergoglio.
Cuatro de los 11 nuevos miembros provienen de América

Aunque la sustitución de Rouco Varela es un hecho y ya circulan quinielas sobre su sucesor —tal vez con tanta posibilidad de éxito que las de papables, que fracasaron todas—, lo que sí está claro es que su alejamiento de “la fábrica de obispos” merma su poder para influir en su sucesor. Si bien Jorge Mario Bergoglio, que hoy cumple 77 años, está demostrando que ni le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios —Moneyval acaba de alabar sus esfuerzos por limpiar las finanzas de la Santa Sede— ni de tomarse su tiempo ajeno a las prisas o a las presiones. Después de sus frases de impacto, poniendo firmes a la curia romana o llamando al orden a los poderes económicos, Bergoglio ha lanzado un mensaje muy propio de la Navidad en una entrevista con el diario italiano La Stampa: “Jamás debemos tener miedo de la ternura”.

El calvario del cardenal más poderoso Juan G. Bedoya


Es arriesgado imaginar el prestigio futuro de Rouco Varela. Su final está siendo un calvario
Hace siete años, el 14 de diciembre de 2004, el Vaticano emitía un comunicado que parecía elevar a lo más alto del poder eclesiástico mundial (o sea, católico) al cardenal Rouco, entonces como ahora arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Juan Pablo II le nombraba miembro de un llamado Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede, y suscitaba la impresión de que quería a su lado, en Roma, al prelado español, en completa comunión con el papa polaco. Rouco estaba a punto de terminar un segundo mandato al frente del episcopado y debía contar con los dos tercios de los votos para un tercer trienio. Solo el cardenal Tarancón había logrado superar esa barrera. Así que no era una temeridad imaginarlo en un alto cargo en la Santa Sede, desde donde pudiera seguir mandando en España, entonces la gran preocupación del pontificado romano.
No sucedió y, como temían sus fieles, Rouco fue apeado meses después de la presidencia de la CEE por “un tal Blázquez” (así lo habían recibido como obispo de Bilbao: Juan Pablo II castigó su victoria congelándole en ese rango). Vinieron entonces tiempos de grandes tribulaciones. Frente a un líder débil al frente de la CEE, Rouco campó a sus anchas por la política nacional, empeñado en campañas para torcer el brazo del Gobierno de turno, en un proyecto restauracionista que, de nuevo en la presidencia episcopal en un tercer mandato que acaba ahora, no ha cosechado más que enemigos, deserciones o resentimientos. El último incidente es la ruptura con los obispos catalanes, severamente irritados con la corte mediática del cardenal presidente.
Ni siquiera Tarancón ha mandado tanto como Rouco. Sus admiradores, que son legión, se remontan al cardenal Cisneros para encontrarle un par, o, como poco, al cardenal Ciriaco Sancha, que fue primado de Toledo, patriarca de las Indias, senador durante la Restauración y ya es hoy beato (desde 2009). En su tumba en la catedral de Toledo, de bronce, recibe flores a diario y figura este epitafio: “Vivió pobre y pobrísimamente murió”.

Es arriesgado imaginar el prestigio futuro de Rouco. Su final de etapa está siendo un calvario poco beatífico. Se afanó en influir en el Gobierno de España, pero se va aislado por Roma, ninguneado por el Ejecutivo del PP y con el compromiso del PSOE de denunciar el Concordato de 1979 con la Santa Sede, harta la izquierda, incluso la católica, de los egoísmos políticos o económicos de la CEE. Después de 20 años en el arzobispado y tres trienios al frente del episcopado, él mismo reconoce que España es hoy un “país de misión”, acosado por múltiples enemigos, algunos exteriores pero muchos dentro de su fortaleza. No es pequeña su responsabilidad: si los pastores han fracasado, ha sido él quien seleccionó a la mayoría, como miembro de la pontificia Congregación encargada de proponérselos al Papa. Son legión los que le deben el cargo, incluido su sobrino Alfonso Carrasco Rouco, ahora prelado de Lugo.