FUNDADOR DE LA FAMILIA SALESIANA

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ATALAYA

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jueves, 28 de noviembre de 2013

David Arduengo Fernández, nuevo presidente de la Confederación Don Bosco



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También ha sido elegida como vocal en la Asamblea Ejecutiva, Laura Alcántara de la Federación Bosko Taldea

El pasado domingo, 24 de noviembre,  tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Don Bosco para elegir al nuevo equipo que liderará la animación y coordinación. Entre los candidatos a presidente David, que fue el elegido para el cargo.
La Asamblea había dado comienzo el día anterior, con una reflexión sobre el Papa Francisco a cargo de Santi Domínguez, salesiano responsable de Centros Juveniles del CNSPJ. En la web de la Confederación se puede completar esta información.
Al preguntar a David, más conocido como  “ArDu” (@dvdardu) con qué motivación accede a esta responsabilidad nos dice: “Creo que mi trayectoria en el mundo del voluntariado salesiano delata claramente mi vocación. Pese a haber estado dedicado laboralmente a otros sectores, en el puesto de gerente de la empresa familiar que en la actualidad desempeño, siempre he tenido un vínculo muy fuerte y especial con el proyecto de Don Bosco, que ha marcado mi vida desde los primeros años de formación primaria en el Colegio San Juan Bosco de Cruces. Desde ese punto de partida fui involucrándome en las diferentes estructuras del MJS de la Casa: en los clubs de tiempo libre, centros juveniles, en el deporte, grupos de fe; y fui descubriendo lo que supone este gran proyecto, que consigue enamorar a tantas personas que cada día luchan para seguir haciéndolo crecer”.
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En los tres últimos años ha ido participando más activamente en las actividades de la Confederación conociendo de primera mano y ampliamente el funcionamiento de la misma y destaca: “Nuestros recursos humanos son nuestro bien más preciado y tenemos que cuidarlo. La Confederación Don Bosco, debe representar este vínculo, acercarnos más intentando que nuestro eslogan “Juntos somos más” sea cada vez más real en la gente que sustenta esta estructura, asistiendo y apoyándoles tanto en su labor como en su camino personal”.

Al ser elegido como presidente nos dice:“quiero ponerme al servicio de nuestra entidad, y aportar todas mis capacidades poniendo todo mi empeño en hacerlo lo mejor posible”.
¡Felicidades David y Laura! y Gracias

El Gobierno aprueba el viernes un ‘regalo’ de 30.000 millones para la banca P. G.


Guindos anuncia que el Ejecutivo va a reconocer créditos fiscales a las entidades financieras por las cantidades provisionadas para cubrir la pérdida del valor de sus activos inmobiliarios.
El Gobierno aprobará el viernes en el Consejo de Ministros una nueva legislación para la banca, para aplicar los nuevos criterios de solvencia establecidos en la normativa internacional conocida como Basilea III, que incluirá medidas que permitirán a los bancos españoles reforzar su capital con hasta 30.000 millones de euros.

Concretamente, según ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Ejecutivo aprobará en su reunión semanal el proyecto de ley para la trasposición de una directiva europea sobre solvencia, y, a la vez, un decreto ley para aprobar las cuestiones más urgentes de dicha directiva. Entre ello, el tratamiento de los llamados activos fiscales diferidos, conocidos como DTA’s. Estos activos son unos créditos fiscales, unas cantidades que la banca no pudo restarse en su factura fiscal, pero que funcionan como un derecho futuro contra la Hacienda pública. Se generaron fundamentalmente con las provisiones a las que les obliga la regulación bancaria (cantidades que se reservan para hacer frente a la pérdida de valor de sus activos o a la morosidad), que tienen impacto en las cuentas de los bancos, como si fuera otro gasto más, pero no se pueden deducir en la base imponible del Impuesto de Sociedades.

Ahora, con la norma que aprobará el Gobierno, que se ha venido negociando con el sector en los últimos meses, el Gobierno reconocerá que parte de esos DTA’s podrán reconocerse como capital de primera calidad (en la línea de medidas similares de países como Italia.), y, por tanto, reforzará los balances de las entidades, especialmente de cara al examen que realizará el BCE en 2014 (y que se hará con las cifras de los bancos a cierre de 2013). Guindos, que ha participado en un almuerzo organizado por Deloitte, Mutua Madrileña y ABC, ha estimado que esta normativa reforzará el capital de las entidades financieras españolas entre 25.000 y 30.000 millones de euros.
La banca tiene unos 51.000 millones en DTA’s y el Gobierno le va a reconocer algo más de la mitad

La cantidad que se les va a reconocer, no obstante, no llega a la mitad de lo que reclaman las entidades españolas. La banca tienen unos 51.000 millones de euros en activos fiscales diferidos y llevan meses peleando con Hacienda y el Banco de Epaña para preservar una parte como capital antes de las revisiones de calidad de activos y pruebas de estrés al sector en Europa previstas para el primer trimestre.

Según algunos medios, Bankia y el Banco Sabadell destacan entre las las entidades más beneficiadas por la nueva normativa que aprobará el Gobierno. Estas entidades generaron DTAs en 2012 por las medidas aprobadas en aquel año que obligaron a las entidades a incrementar notablemente la cobertura de los activos inmobiliarios mediante las correspondientes provisiones. Bankia cuenta con unos 8.000 millones en estos activos, y Sabadell, con unos 4.600 millones. Según un informe de Ahorro Corporación, por volumen, el Santander es el que más DTA’s tiene, unos 17.621 millones, aunque con menor peso sobre sus actuales ratios de capital. En el caso de BBVA, estos activos ascienden a 6.741 millones, y en CaixaBank, 6.735 millones. Entre la banca mediana, el Popular tiene 2.861 millones y Bankinter apenas 15 millones.
Bankia va a tener “mucho valor”

Además, en el almuerzo informativo Guindos ha asegurado que Bankia va a ser un activo que va a tener “mucho valor” tras su proceso de saneamiento y ha reafirmado que hay alguna muestra de interés en el banco nacionalizado. El ministro ha alabado la gestión del equipo encabezado por José Ignacio Goirigolzarri y ha relacionado la mejora de la percepción de la economía española con la evolución de la entidad nacionalizada.ha puesto en valor el traspaso de activos a la Sareb, además de la inyección de capital de alrededor 22.000 millones de euros.
El titular de Economía no ha entrado en si el Gobierno iniciará la privatización de Bankia el próximo año y se ha limitado a señalar que se tienen que elegir los tiempos “más adecuados” desde el punto de vista de venta parcial o total para recuperar el máximo de las ayudas públicas. Guindos ha confiado en que Bankia ofrecerá “noticias buenas” en lo que se refiere al regreso de la rentabilidad y ha afirmado que esta entidad es la “pieza importante” para culminar el proceso de reestructuración financiera.

Igualmente, el ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno aprobará en las próximas semanas una reducción media del 30% sobre las comisiones máximas que aplican las gestoras de planes de pensiones. Esta decisión, según ha explicado el titular de la cartera de Economía, afectará a 4,6 millones de partícipes de fondos de pensiones.
Los cambios de la reforma laboral no afectarán a las prestaciones del paro

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los cambios que incorporará el Gobierno a la reforma laboral no afectarán a las prestaciones por desempleo, pero sí a la contratación. Guindos ha recordado que la OCDE sigue analizando el impacto de la reforma y publicará sus resultados en los próximos días. “Esperamos que sean positivos”, ha dicho el ministro, tras reconocer, sin embargo, que habrá que seguir tomando medidas para mejorar el mercado laboral, que afectará sobre todo a la simplificación de contratos, al contrato a tiempo parcial y a la negociación colectiva.
En cambio, Guindos ha descartado la posibilidad de que estos cambios afecten a las prestaciones por desempleo, aunque sí habrá nuevas medidas para mejorar las políticas activas de empleo y mejorar el acceso al mercado de trabajo.
Preguntado por la ley de servicios mínimos en la que trabaja el Ministerio de Empleo, Guindos ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este encargo “con buen criterio”. “Yo creo que es absolutamente correcto”, ha señalado el ministro, tras recordar lo sucedido con experiencias recientes, en una clara referencia a la huelga de recogida de basuras en la Comunidad de Madrid.


Durante su intervención, el ministro ha resaltado la importancia de seguir con las reformas y con la consolidación fiscal para fortalecer la recuperación, ya que existen las bases para que 2014 sea el primer año de la recuperación.
Sobre las reformas pendientes, Guindos ha recordado que en un par de semanas se aprobarán de forma definitiva algunas normas como la unidad de mercado, la ley de cajas de ahorros o la nueva ley financiera para mejorar la financiación. De la misma forma, el Gobierno llevará al Congreso en las próximas semanas la ley de colegios profesionales y todo que tenga que ver con el perfeccionamiento de la reforma laboral.

El papa Francisco reclama una reforma radical de la Iglesia Pablo Ordaz



En su primer gran escrito, Bergoglio anuncia “una conversión del papado” para que sea “más fiel al sentido de Jesucristo”
El papa Francisco: “La economía de la exclusión y la inequidad mata”
Bergoglio traza su hoja de ruta en el primer gran documento de su pontificado: acabar con la desigualdad y reformar las estructuras de la Iglesia
El papa Francisco deja claro que la Iglesia actual, su Iglesia, no le gusta, pero tampoco el mundo que la rodea. Una Iglesia, según Jorge Mario Bergoglio, salpicada de envidias, celos y guerras, preocupada excesivamente por sí misma, y un mundo donde triunfa “una economía que mata” a través de la exclusión y la inequidad. De ahí que el Papa fije el horizonte de su papado sobre dos raíles paralelos.

Una reforma de la Iglesia, que incluya una conversión del propio papado, y un llamamiento urgente a los políticos para que luchen contra “la tiranía” del sistema económico: “No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”.

Durante las 142 páginas de la exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio), su primer gran documento, Francisco dibuja de forma muy nítida la hoja de ruta de su pontificado: “Es necesaria una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están”. El Papa anuncia una “reforma de las estructuras” de la Iglesia y “una conversión del papado” para que sea “más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle”. Hay una frase, muy del estilo Bergoglio, que resume muy bien el espíritu de los tiempos que vienen: “Prefiero una Iglesia herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.

El aborto no es un asunto sujeto a reformas o modernizaciones

Estas son las grandes guías del documento:
» No a la economía de la exclusión. “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la Bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. (…) Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. (…) Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz”.
Es necesario que la Iglesia avance en una saludable descentralización
» Un mensaje a políticos y financieros. “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados (…). Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas (…). La ética—–una ética no ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: ‘No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”.

» No a las mujeres sacerdotes, pero más presencia en la Iglesia. “Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder (…). Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia”.
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» No al aborto, pero sí comprensión a las mujeres que abortan. “Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o ‘modernizaciones’. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza”.
» El Papa no tiene el monopolio. “Hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios ‘son poquísimos’. Citando a san Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación ‘para no hacer pesada la vida a los fieles’ y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando ‘la misericordia de Dios quiso que fuera libre’.
Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todo. (…) Además, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos. (…) Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios
En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. (…) Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten en un ejercicio de mi ministerio (…). También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan escuchar el llamado de una conversión pastoral. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera”.

El Papa Francisco publica la hoja de ruta para la nueva primavera de la Iglesia José Manuel Vidal



Evangelii Gaudium: Una Iglesia casa, no aduana
Apuesta por una Iglesia a la intemperie, que se arriesga y que sale
Técnicamente no es una encíclica, pero como si lo fuese. La exhortación apostólica ‘Evangelii Gaudium’ es un documento programático, de fondo, sólo de Bergoglio, en el que marca la hoja de ruta que el Papa del fin del mundo quiere para la nueva “primavera” de la Iglesia. Francisco llegó al solio pontificio con el nombre y el lema del santo del “Repara mi Iglesia”. Y, de inmediato, se puso manos a la obra. Con una pedagogía muy jesuítica y muy evangélica: “Haced lo que yo hago”. Primero dio ejemplo con su vida y su testimonio y, ahora, pone por escrito el sueño de una Iglesia “reparada y reconstruida”.

En el frontispicio de esa nueva Iglesia reconstruida luce una palabra: “Casa del Padre”. Y por si quedaba alguna duda, el Papa añade: “La Iglesia no es una aduana”, que controla la vida de las personas, fiscaliza sus ideas, creencias y pertenencias y da carnets de perfección evangélica. La Iglesia, según Francisco, no es para los “perfectos”, sino para los pecadores.
El cambio de orientación y de tendencia es brutal. Y va a dar mucho que hablar. Porque el Papa apuesta por una Iglesia a la intemperie, que se arriesga, que sale, que se mete en el barro de la vida de la gente, que aporta esperanza a los empobrecidos y tirados en las cunetas del mundo, que vive en su seno la alegría del seguimiento de Jesús. Primero, el Evangelio y después, la doctrina, en contra de lo que “obsesivamente” se venía insistiendo hasta ahora: doctrina repetida una y mil veces para dar apariencia de seguridad. Ante esa dinámica el mundo le daba la espalda a la Iglesia y se producía una estampida silenciosa de fieles que, desencantados, se iban sin dar portazos, hacia la indiferencia.
Para detener esta hemorragia silenciosa, Francisco propone una Iglesia-casa del Padre, con las puertas siempre abiertas, con luz y transparencia, sin nada que ocultar, con flores en las ventanas y calor de hogar, aunque, eso sí, formada por pecadores. Y para conseguir esa Iglesia doméstica propone abrir una serie de puertas, para que entre el aire fresco y ventile la casa eclesial. Éstas son, entre otras, las 10 puertas de la Iglesia de Bergoglio:


Los 10 cambios que propone el Papa

La reforma de las estructuras eclesiásticas. El Papa quiere una Iglesia mucho más descentralizada y eso pasa por una mayor colegialidad y sinodalidad. Es decir, en lenguaje civil, por una mayor democratización. Una democracia que entrará en la Iglesia a través del mayor protagonismo de las Conferencia episcopales, desactivadas en la larga etapa involutiva anterior, y por la recuperación de la sinodalidad a todos los niveles de la estructura
Entre las reforma estructurales, el Papa se atreve a hablar incluso de la reforma del propio papado. Del que dice algo impensable hasta ahora: que del “papado no puede esperarse la palabra definitiva y completa de todas las cuestiones que tienen que ver con la Iglesia”. Un papado democratizado. Un Papa “primus inter pares” y no un Papa-rey. Es el fin de la época imperialista del papado romano.
Activar la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia, para que realmente la sientan y la consideren suya. Desclericalizarla de arriba abajo. Que pase de ser una estructura piramidal a otra circular: Iglesia pueblo de Dios y casa de todos. Porque “Iglesia somos todos”.
Dar en la Iglesia un mayor protagonismo a la mujer, aunque el Papa vuelve a cerrar a la “discusión” el tema del sacerdocio femenino. Posiblemente, porque no lo vea maduro para el sensus fidelium y, por lo tanto, podría provocar desunión y hasta cismas o rupturas entre los hermanos de la casa eclesial.
Volver a poner a la Iglesia en estado de misión, de salir a las periferias, de ser realmente “misionera”. La Iglesia de las ovejas perdidas. La Iglesia voz de los sin voz. La Iglesia que deja de ser autorreferencial y mirarse al ombligo.
Una Iglesia que sale de sus parroquias, movimientos y grupos estufa para llevar esperanza a los empobrecidos. Una Iglesia entendida como “instrumento de Dios para la liberación y la promoción de los pobres”. Iglesia de los pobres y para los pobres que, por algo, son los preferidos de Dios.
Una Iglesia libre frente a los poderes del mundo y con capacidad de denuncia profética. Y desde su libertad, una Iglesia que diga un triple no: a la economía de la exclusión, a la nueva idolatría del dinero y a las disparidades que engendra la violencia sistémica del capitalismo sin alma.
Una Iglesia atenta de nuevo a los “signos de los tiempos” de los que hablaba el Concilio, especialmente a la sociedad de la información. Una Iglesia que, sin perder su esencia doctrinal, sepa comunicarse con la gente en el lenguaje actual. Ofreciendo “vino viejo en odres nuevos”. Hasta en las homilías de los curas.
Una Iglesia con las puertas siempre abiertas para todos y en cualquier momento. Por eso, el Papa exige que los sacramentos (bautismo, penitencia, confirmación, eucaristía, matrimonio y unción) sean para todos, no sólo para los perfectos. Porque es el enfermo el que necesita al médico.
Una casa eclesial donde reine la alegría. Es la palabra que más repite el Papa en su hoja de ruta. Consciente de que, como decía, Santa Teresa, “un santo triste es un triste santo”.

La Doctrina Aznar y la ilegalización de Sortu Germán Gorráiz López, analista


Enviado a la página web de Redes Cristianas
Al cabo de 4 décadas, la crisis económica , la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la “mass media” de la época de la Transición , todavía pendiente de su finiquito legal.
Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que “el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista” y ha lamentado que no haya “ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada”, lo que atribuyen a “una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977”, (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).
Parafraseando a Wright Mills en su libro “The Power Elite (1.956), el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación en el próximo quinquenio del “Estado Tardofranquista”.
 Asistiríamos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en el último reducto de la resistencia democrática ante la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranqista.
Dicho nuevo Estado beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y vendrá refrendado por iniciativas como la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomce);el rechazo del Grupo Popular a la proposición no de ley de IU para “sancionar penalmente los actos de apología de la dictadura franquista así como la actividad delictiva de los grupos de ultraderecha”, la implementación de la censura en Internet tras el cierre decretado por la AN de la web “Ateak Ireki” y la previsible modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de huelga, reunión y manifestación.
Así, no sería descartable la próxima modificación de la actual Ley de Huelga a petición de la CEOE y una nueva y agresiva reforma del Código Penal, en la que se penalizará la resistencia a la autoridad (tanto activa como pasiva) y la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación, (incluido Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter), con el objetivo inequívoco de hacer realidad la frase de Fraga en su etapa de Ministro de la Gobernación del régimen franquista (“La calle es mía”), a lo que se añadirá la adopción en las ciudades gobernadas por el PP como Madrid, de medidas anticívicas calcadas de la Ley franquista de Buen Gobierno (1948) y la posterior implantación en todo el Estado español de un clon de la Ley de Vagos y Maleantes (ley nacida en la II República y adoptada por aclamación por el régimen franquista).
Finalmente, asistiremos a la implementación de la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “, lo que se traducirá en el finiquito de la representación institucional lograda por EH Bildu en base al apoyo popular mediante la ilegalización del partido abertzale Sortu (tras la remisión por UPyD a la Fiscalía del TSJPV de una denuncia penal contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, al que acusa de “justificar y reivindicar la actuación de ETA”) y en la prohibición de la celebración del referéndum sobre la independencia en Cataluña, medidas que conllevarán el final de la más larga experiencia seudodemocrática de la historia del Estado española (35 años).
 GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ- Analista

En Carta al Papa, obispos denuncian destrucción causada por hidroeléctricas en la Amazonia

En una carta al Papa, los obispos de nueve Estados brasileños acusan a las centrales hidroeléctricas de destruir los territorios y afectar la vida de los pueblos indígenas de la región de ‘Amazonia Legal’, que equivale a 60% en todo el territorio brasileño. Firmada por el Cardenal Claudio Hummes, Presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonia Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), La carta denuncia que los proyectos hidroeléctricos destruyen “el territorio y el modo de vida” de los pueblos indígenas, poblaciones ribereñas y quilombolas.
Los obispos sostienen que la iglesia católica toma actitudes ante los principales proyectos gubernamentales e internacionales que atienden más a los intereses del capital, que a las necesidades de la gente. Para Hummes, la iglesia necesita reclamar el derecho a tener voz y no ser atropellada por los que sólo quiere ganar dinero.
El documento reitera al Papa Francisco, la voluntad de los obispos de promover y defender la vida de los habitantes de la región, su biodiversidad, así como discernir y tomar posturas firmes ante los grandes proyectos hidroeléctricos. Ellos ratifican su posición en defensa de la población más vulnerable de la región, su biodiversidad, así como su voluntad de discernir y tomar acciones contra los grandes proyectos hidroeléctricos. Ratifican su posición en defensa de la población más vulnerable.

En la carta, los sacerdotes también destacan “el complejo problema de la trata de personas en la Amazonía. “Y , además nos encontramos con la realidad urbana, ya que la mayoría de la población de la Amazonía vive en centros urbanos, con el deseo de dar prioridad a una pastoral que haga sentir el abrazo de Dios llegando a todas las personas, de forma especial, a quienes viven en las diversasperiferias”, señalan.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (o cómo crear una “mayoría silenciada”) Gerardo Pisarello · Jaume Asens

La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.
El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.
La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25 de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.
La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla.
c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.
A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.
Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.
Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.
Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.
La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.
d) El silencio del miedo y sus límites
Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.
Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.
Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.

Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos son miembros del Observatorio DESC.

¿Quién vive todo gratis en España? Juan Torres López, catedrático de economía aplicada



El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acaba de hacer unas declaraciones para criticar la propuesta que estudia la Junta de Andalucía de garantizar el suministro de agua y luz a las familias que perciban el salario social diciendo que “el todo gratis nos ha llevado a una deuda pública de niveles de casi el cien por cien”.
Lamento decirlo de una manera tan directa pero estas declaraciones demuestran que las grandes empresas españolas están en manos de personas sin vergüenza, mentirosas y de muy mala sangre, pues es difícil creer que estando en los puestos en donde están sean tan ignorantes como para desconocer asuntos elementales de nuestra vida económica y social.

Las declaraciones del señor Ignacio Galán tergiversan vergonzosamente la realidad, son falsedades que solo tratan de distraer la atención de la gente para que no se descubran los engaños y robos al Estado y a la población que realizan las empresas como la que él preside.
Antes de entrar en materia hay que decirle al señor Galán que quienes dirigen la Junta de Andalucía y están estudiando esta propuesta no son tan tontos como quiere hacer creer sino que saben perfectamente que esta medida, como otras orientadas a ayudar a familias que se encuentran en situación de exclusión social como consecuencia de las políticas económicas que se vienen aplicando para que personas como Galán tengan los ingresos que tienen, no es gratis. De hecho, el propio vicepresidente de la Junta de Andalucía que anunció su estudio advirtió que podrían costar a unos 20 millones de euros. Y nadie en su sano juicio piensa en Andalucía que esa medida sea “gratis total” sino que se sabe que es costosa. Si finalmente se adopta será porque una gran parte de los andaluces la asumimos por un principio de solidaridad y corresponsabilidad que parece que el señor Galán no sabe lo que es ni por asomo.
Dicho esto, hay que señalar igualmente que el presidente de Iberdrola también miente cuando trata de hacer creer que la deuda pública tan elevada que hoy día tiene España se debe a estas medidas de solidaridad que él califica como de gratis total.
Antes de que empezase la crisis, España tenía superávit presupuestario y una deuda pública de menos del 40% de su PIB, muy por debajo de la de otros países europeos como Alemania, Italia o Francia.
Y si ahora tenemos una deuda cercana al 100% no se puede decir ni mucho menos que haya sido por culpa de que hayan aumentado las medidas “gratis total” a las que se refiere Galán. Todo lo contrario. Cualquier persona mínimamente informada sabe que lo que ha bajado en estos años han sido precisamente los gastos en educación, sanidad o pensiones públicas. Por tanto, es materialmente imposible que estos sean los que han aumentado la deuda pública de menos del 40% al 100%.
La deuda pública ha aumentando en España porque desde 2008 se vienen reduciendo los ingresos públicos a causa de la crisis que provocaron los bancos, porque a éstos últimos y a las grandes empresas, como Iberdrola, y a los patrimonios multimillonarios se le vienen dando sin cesar desde entonces ayudas gratis, bien sea aumentando el gasto hacia ellos bien sea disminuyendo los impuestos que tienen que pagar; y, sobre todo, porque ha habido que financiar la deuda que todo ello ha generado en mercados donde los grandes grupos financieros hicieron el agosto ante la inacción de las autoridades.
Como hemos puesto de relieve algunos economistas, los datos revelan claramente que lo que ha hecho crecer la deuda pública en Europa, y en España en concreto, desde hace años, y más aún en esta crisis, no son los gastos corrientes (los que no incluyen los financieros dedicados a pagar la deuda y sus intereses) sino los financieros.
La deuda española, como la de otros países europeos, sería una nimiedad si se hubiera financiado por un auténtico banco central, como ha ocurrido en otros países. En el gráfico de abajo, proporcionado por el Banco de España, se puede comprobar que el saldo primario -ingresos menos gastos corrientes de la eurozona que se reflejan en la línea superior- ha sido positivo hasta 2009, cuando se sitúa por debajo del nivel 0 (es lógico que a partir de entonces hubiera déficit aunque, como puede comprobarse, ni siquiera se ha producido en gran cantidad pues no llega ni al 4% de media en la eurozona). El déficit, por el contrario, solo se registra cuando se consideran los gastos financieros (la línea de abajo que es la que está debajo del nivel 0) .
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En España se podría decir lo mismo. Lo que ha hecho que aumente la deuda hasta el 100% no han sido los gastos corrientes y mucho menos los de bienestar sino los gastos financieros y los de la deuda que ha habido que emitir para pagarlos (unos 155.000 millones desde 2008). Casi el 70% de lo que hoy debe el Estado español es por concepto de intereses y este concepto es lo que hace que hoy día deba 4,5 veces lo que debía en 1989. Mientras que si los déficits de gastos e ingresos corrientes generados desde 1989 se hubieran financiado por un banco central con los mismos tipos de interés con que el Banco Central Europeo financia a la banca privada, nuestra deuda ahora no llegaría ni al 15% del PIB.
Por tanto, y en contra de las mentiras de Galán, esa factura ingente de intereses demuestra que quien vive gratis total es la banca privada: su avaricia, su irresponsabilidad y sus engaños continuados a millones de clientes provocaron una crisis infernal pero no solo no se hace responsable de ella sino que se lleva a su bolsillo los intereses que hay que pagar para solucionar los problemas que ha generado.
La segunda gran mentira de Ignacio Galán es la que hace creer que quienes viven gratis total en España son quienes se benefician de este tipo de medidas bienestaristas que nacen de la solidaridad ciudadana.
Nadie mejor que el señor Galán para saber que quienes viven gratis total en España son personas como él y sus colegas de otras eléctricas que se han puesto sueldos a sí mismos 30 veces mayores que los que tienen sus homólogos en Japón o 5 veces más elevados que los de Alemania. Por supuesto, a costa de que las familias españolas tengamos que pagar los recibos de luz que están entre los dos o tres más caros de Europa.
Quienes viven en España gratis total son las grandes empresas eléctricas que están obteniendo beneficios extraordinarios, más que en ningún otro lugar de Europa, gracias a las estafas y a la influencia política que tienen como fruto de la corrupción que reina en los partidos políticos españoles (en gran parte alimentada por ellas).
Los que viven gratis total en España son las empresas y los directivos, como Ignacio Galán, que suben el recibo de la luz a millones de españoles facturando por conceptos falsos y sobornado a la clase política para que permita estafas como la de los contadores y otras parecidas que ha denunciado, entre otros, el ingeniero Antonio Moreno (ver http://www.estafaluz.com). Galán y todos esos grandes empresarios y directivos son los que hacen que suba la deuda y aumente la ruina de España.
Los que viven gratis total son las grandes empresas, como Iberdrola, y los grandes patrimonios españoles que cometen las tres cuartas partes del fraude fiscal que se comete en España y los que , cuando lo hacen, apenas si pagan impuestos.
¿Cómo se puede tener tan poco vergüenza para reprochar a los demás la cultura del gratis total cuando se preside una empresa que obtiene beneficios extraordinarios gracias a las ayudas del Estado y al engaño continuo a sus clientes? ¿Cómo puede acusar a los demás de vivir del gratis total quien preside una empresa que es la corresponsable, junto a otras eléctricas, de hacer que el gobierno impida en la práctica que los ciudadanos utilicen la libre energía solar para suministrarse con autonomía energética, que han provocado a base de trampas un llamado déficit de tarifa que no es sino un robo descarado a los ciudadanos, o que corrompen la vida política para acabar con cualquier tipo de competencia?
Lo digo aquí claramente: el señor Galán es un embustero y le reto a que acepte un cara a cara en cualquier televisión para defender sus posiciones frente a cualquiera de las docenas de personas que en este país podemos echar por tierra sus afirmaciones.
Y al mismo tiempo reclamo a los lectores que divulguen esta petición y que ellos mismos la exijan a los medios porque se perfectamente que el señor Galán no tiene ni la valentía ni los conocimientos suficientes como para aceptar voluntariamente un reto de ese tipo. Si los ciudadanos se quedan quietos, si no levantamos nuestra voz frente a los medios que sirven de portavoces de este tipo de empresarios mentirosos, éstos seguirán usando su influencia y poder para confundir a la gente y así paralizarla mientras le roban mes a mes millones de euros.

Teresa Forcades: “Algunas leyes actuales se pueden calificar como terrorismo de Estado”



Arcadi Oliveres
Profesor de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona y presidente de Justícia i Pau
Dentro de la serie Más Madera que viene editando desde hace unos meses Icaria editorial, ha aparecido recientemente un libro de conversaciones entre Teresa Forcades y Esther Vivas con el título de Sin miedo: de la crisis, la política y la respuesta social. Me parece apreciar tres elementos importantes fruto de una riquísima conversación entre dos mujeres conocidas como pensadoras, luchadoras y activas militantes.

Dividiré mi reflexión en tres partes. Primero, el libro lleva a cabo un análisis exhaustivo de la crisis de este sistema desastroso llamado “capitalismo”, una de sus crisis más profundas y que a mí me gustaría que fuese la definitiva. Una crisis que ha tenido consecuencias sociales muy graves. No hay que olvidar que en determinados casos incluso algunas personas han llegado al suicidio. Hay otros elementos nefastos que lo acompañan como una deuda impagable por parte del Estado español, medidas de ajuste antisociales, diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, aumento de la pobreza en Catalunya y el Estado español. Este es el análisis de la crisis en el que profundizan ambas autoras.
La crisis económica, y esta sería la segunda parte de mi reflexión, incorpora, asimismo, profundos déficits políticos. Teresa Forcades y Esther Vivas hablan de “la violencia del Estado” y en algún caso se atreven a hablar de “terrorismo de Estado”. Y creo que no se equivocan. Hacen referencia a una política sometida completamente al poder financiero, con importantes dosis de corrupción y “puertas giratorias”. En el libro aparece el interesantísimo debate entre lo que sería legal y lo que sería legítimo. Evidentemente, optando por lo legítimo y no por lo legal. Vale la pena hacer hincapié en las críticas que en la obra se hacen al actual modelo político y social de la Unión Europea, con importantes lagunas democráticas. Especialmente, cuando un tratado que tenía que ser constitucional fue convertido en un Tratado de Lisboa que solo necesita de los votos parlamentarios y disminuye, consecuentemente, los niveles de participación. Una maniobra que se llevó a cabo cuando desde las instancias políticas se percibió de forma clara que una parte importante de la población europea no lo quería. Segunda parte de la obra, pues, interesante crítica a la situación política.

Y por último, la parte esperanzadora, la de una respuesta que ambas autoras señalan que debe de ser pacífica pero siempre radical, y ponen como ejemplo el Procés Constituent en Catalunya. Sin olvidar antecedentes como el de los indignados, dos años atrás, que nos brindaron un magnífico ejemplo de cómo empezar a cambiar las cosas. La obra hace referencia a un principio básico que tiene que regir cualquier alternativa que es la coherencia entre los medios y los fines. Por otro lado, se aborda una cuestión de gran actualidad: el nacionalismo y el debate sobre la independencia, considerando que este debe ser un movimiento de ruptura, no excluyente, en ningún caso de derechas y ni mucho menos egoísta. El libro termina con esa afirmación, que a mí tanto me gusta, de que “estamos dispuestos a hacer la revolución y cuando la tengamos hecha la volveremos a hacer”.
“El miedo, la resignación y la apatía son la gran victoria del capitalismo”

Extracto de la conversación entre Esther Vivas y Teresa Forcades contenida en Sin miedo
Esther Vivas
Sí. El miedo, la resignación y la apatía son la gran victoria del capitalismo. Convencernos de que no hay nada que hacer, que no hay alternativas, que no podemos cambiar las cosas es el gran triunfo de los que mandan. Pero, justamente, la gente está empezando a desafiar al poder. La profundidad de la crisis y la emergencia del movimiento de los indignados, y todo lo que ha significado, han hecho caer la máscara del sistema. Las definiciones oficiales de la realidad se han hundido. De golpe, muchos han descubierto que esto es Matrix, que vivimos en un gran engaño. El pensamiento neoliberal ha quedado fuertemente desacreditado, aunque sus valores de consumismo, egoísmo y competencia continúan muy arraigados. Para la mayoría de la población, aunque sea de forma intuitiva, queda claro que la crisis es responsabilidad del poder financiero, y de una clase política supeditada a sus intereses, y que ahora nos pasan a todos la factura. Ya no nos creemos sus mentiras. Vemos cómo el capitalismo acaba haciendo negocio con cada uno de los ámbitos de nuestra vida cotidiana y convierte el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la sanidad, a la educación… en un privilegio.
En el Estado español, por ejemplo, cada día se producen 532 desahucios, mientras existen más de tres millones de viviendas vacías. A la gente se la echa de casa, se la deja hipotecada de por vida y la banca continúa ganando dinero a expensas del empobrecimiento y la miseria de las personas. Como se expresa en tantas manifestaciones: «No se entiende, gente sin casa y casas sin gente». El derecho a la vivienda se ha convertido en un negocio. Y lo mismo pasa con el derecho a la sanidad y a la educación. Se privatizan los servicios públicos para que unos pocos saquen beneficio a expensas de nuestros derechos. De hecho, el éxito del sector privado consiste en deteriorar el sector público, y así lo estamos viendo.

Y con el acceso a los alimentos pasa lo mismo: vivimos en un mundo de abundancia de la comida, donde se produce más, si cabe, que en cualquier otro período de la historia. Según la ONU, se cultiva suficiente como para alimentar a 12.000 millones de personas, y en el planeta somos 7.000 millones. Contamos, pues, con comestibles suficientes para todos pero, en cambio, casi una de cada siete personas en el mundo pasa hambre. Si no tienes dinero para pagar el precio cada día más caro de la comida o si no tienes acceso a la tierra, al agua y a las semillas para producirla, no comes. Los alimentos se han convertido en una mercancía.

Teresa Forcades

Vale la pena citar a Jean Ziegler, una voz crítica muy conocida. Algunos dicen que el derecho a tener acceso a los productos alimentarios básicos se ha convertido en una mercancía, y se presenta esta situación como si hubiera llegado por sí sola. Pero es importante señalar que esto ocurre a partir de los años noventa, después de la caída del Muro de Berlín y de la propagación de una globalización neoliberal sin freno; es en este momento cuando Goldman Sachs decide especular con productos alimentarios de primera necesidad, con materias que hasta entonces no habían entrado dentro de este mercado especulativo. La novedad fue empezar a especular con el arroz, con el trigo y con el mijo. Y eso quiso decir que se compraba de forma masiva esta producción, se retenía y se esperaba hasta que subieran los precios. Jean Ziegler califica esta manera de actuar de asesinato programado. Y asesinato programado, en números cuantificados, son 37 millones de personas; este ha sido el coste humano de esta especulación criminal que las leyes actuales condonan y protegen.
Por esto, la magnitud de la crítica tiene que ser tal que no se pierda en los detalles y permita hacer un análisis sistemático y contundente, pero a la vez sin abrumar, porque sino parece que las dimensiones de esta injusticia estructural son tan grandes que estamos sobrepasados por las circunstancias. A veces he hablado de la metáfora bíblica de un gigante con pies de barro, y es una metáfora adecuada, porque en el momento actual la espectacularidad, la potencia y la capacidad de presionar de una serie de organismos internacionales y de sistemas son tan fuertes, que la persona puede tener la sensación de estar ante un poder gigantesco.

Y parece que sea necesaria la fuerza de un gigante para contraponerse. Y, sí, es verdad, si miras arriba y ves todo el oro y la parafernalia del poder produce mucha impresión, pero, siguiendo la metáfora bíblica, no se trata de mirar hacia arriba: se trata de mirar hacia abajo. Si miras hacia abajo, te das cuenta de dos cosas: primero, que el gigante, por más impresionante que parezca, en realidad tiene y siempre ha tenido los pies de barro; y, en segundo lugar, te das cuenta de que abajo hay una multitud con el potencial de realizar un cambio social. Tenemos que proponer un cambio de mirada, tenemos que mirar hacia abajo.

Esther Vivas

Muchas veces se tiende a mirar arriba, como si allá estuviera la respuesta a nuestros problemas. Cuando es, justamente, todo lo contrario. El problema, como bien dices, no es arriba sino abajo. No se trata de que alguien, un líder, como repetidamente señalan los medios, nos saque de este callejón sin salida. La clave, en mi opinión, recae en que la gente tome conciencia del porqué de la crisis, de quién gana y quién pierde con la situación actual, de las causas de la pobreza, saber que hay alternativas y que, como se decía en las plazas en el 15M, «juntas lo podemos todo». Aquí está nuestra fuerza.
En relación a lo que comentabas de la especulación con los alimentos, creo que es importante señalar los vínculos existentes entre la crisis económica y la crisis alimentaria, porque muchas veces parece que esta última se encuentre muy lejos de nosotros. En cambio, aquí, cada vez hay más gente que pasa hambre, y los mismos que nos han conducido a la presente bancarrota económica, que hicieron negocio con las hipotecas subprime, son los que ahora especulan con cereales básicos como el trigo, el arroz, el maíz y la soja. Porque, ¿qué es más seguro y estable que la comida, como negocio, cuando todos nos tenemos que alimentar diariamente para sobrevivir?
Los fondos de inversión, los bancos, los fondos de pensiones compran y venden estas materias primas en los mercados de futuro, no en función de la oferta y la demanda real, sino para ganar dinero. Unas prácticas que generan el aumento del precio de los alimentos y los convierten, a menudo, en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur. Y esto es lo que han hecho entidades financieras como Catalunya Caixa, con su depósito «100% natural», o el Banco Sabadell, con el fondo de inversión «BS Commodities».
Aquí es donde percibimos la violencia de un sistema que condena al hambre en un mundo donde abunda la comida, que expulsa a la gente de su casa, cuando hay miles de viviendas vacías, que nos excluye de la sanidad y de la educación pública, mientras aumentan las inversiones en el ámbito privado. A menudo, desde los medios de comunicación y del poder, se señala la violencia de aquellos que protestan en la calle, de quienes ocupan bancos, pisos vacíos, escuelas, supermercados, hospitales… pero estos tan solo reivindican una democracia de verdad. Lo que es extremamente violento es el sistema en el que vivimos, a pesar de nos quieran hacer creer todo lo contrario.
La desesperanza es la otra cara de la indignación. Y los datos del Instituto Nacional de Estadística así lo corroboran: 3.180 personas se suicidaron en el año 2011, un 0,7% más que el año anterior. El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural en el Estado español. De hecho, desde que empezó este año 2013, diez personas se han suicidado ya al no poder hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca. Los problemas económicos, según se dijo en el XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, son el principal desencadenante de los suicidios. Si no nos rebelamos, lo que cala en nosotros es la vergüenza, la rabia, la tristeza, la ansiedad, la impotencia, el desaliento.
Teresa Forcades
Algunas leyes actuales creo que se pueden calificar como de terrorismo de Estado. Parece que la palabra terrorismo solo se pueda aplicar a grupos que no forman parte del sistema. Violentar a las personas e inspirarles terror de forma sistemática para conseguir los objetivos propios es terrorismo, tanto si lo hace un grupo marginal como si lo hace un Estado.
Para muchas personas, cuesta creer que los abusos que no dependen de la avaricia de una persona determinada sino que están instituidos en el sistema, sean terrorismo de Estado. Es difícil entender cómo hemos llegado hasta aquí. Me gustaría recordar el discurso de una persona suficientemente conocida en el mundo político, Margaret Thatcher, que popularizó la idea de la «sociedad de los dos tercios»: un planteamiento de tipo político donde se presuponía que era imposible intentar gobernar para el conjunto de la sociedad, y que para gobernar correctamente a finales del siglo XX y en el siglo XXI había que admitir que existía un remanente, no de un 1% o un 2%, que ya sería gravísimo desde un punto de vista cristiano que hubiera una sola persona a la que hay que excluir para que los otros disfruten de una vida próspera, esto ya sería indigno e injustificable.
¡Pero no hablamos de un 1%; hablamos, según Margaret Thatcher, del 33% de la población! Un tercio de la población donde se acumularía, necesariamente, toda esta bolsa de marginación. Y las personas con enfermedades crónicas, inválidas, que no se pueden ganar la vida ni tienen una herencia familiar o alguien que los pueda apoyar, irán directamente a engrosar esta bolsa de marginación. Personas con enfermedades mentales, personas que han cometido algún tipo de delito y que hayan estado mucho tiempo en prisión y al salir no saben volverse a recolocar; centenares de miles de casos, personas que sufren violencia, personas excluidas del sistema económico… Este grupo de personas, el 33% de la población, según la teoría económica y política de la sociedad de los dos tercios, no cuenta. Hay que aceptar que serán excluidos de forma permanente.
Esta sociedad de los dos tercios incluye un cálculo perverso, porque con dos tercios de la población se cuenta con un porcentaje suficiente de votantes para ganar unas elecciones democráticas, tal como las tenemos organizadas en la actualidad. El tercio marginal y problemático puede quedar excluido en la práctica no solo de la vida económica sino también de la política. No cuentan. Esto es terrorismo de Estado. Plantear este hecho desde el punto de vista teórico e intentar gobernar según estos postulados, intentar que la población acepte este terror de tener que sacrificar una de cada tres personas, es terrorismo de Estado. Y esto sin tener en cuenta las guerras; en Irak, por ejemplo, las tropas aliadas utilizaron uranio empobrecido, que está prohibido por todas las convenciones internacionales, y tuvo como resultado que la incidencia de cánceres y malformaciones entre los niños que han nacido en Irak después de estos bombardeos se haya multiplicado por diez. Y esto es a raíz de una actuación que no ha sido fruto de una decisión de un grupo marginal, o de una persona con una enfermedad mental, sino que proviene de una decisión tomada por los organismos oficiales de dos de los países más poderosos del mundo (los Estados Unidos y el Reino Unido).
O sea, la noción de terrorismo de Estado no es ninguna metáfora. Cuando escribí sobre los crímenes cometidos por las grandes compañías farmacéuticas también había gente que decía: «Esto debe de ser una metáfora, ¿no?». Que las grandes compañías farmacéuticas tengan un comportamiento que éticamente no sea loable o no sea excelso ya nos lo creemos, pero que realicen crímenes debe de ser una metáfora. Y no es una metáfora. Porque desde el año 2000 hasta el año 2003 estas grandes compañías farmacéuticas, todas ellas de los Estados Unidos, habían sido condenadas por los tribunales penales. Eran condenas firmes y las compañías habían admitido la culpa. Por lo tanto, esta palabra, «crímenes», aplicada a las grandes multinacionales, no es una metáfora, y la noción terrorismo de Estado aplicada a los estados capitalistas neoliberales tampoco es una metáfora.

Las cuchillas de Melilla Joxe Arregi, teólogo


Cuchillas en la valla de Melilla. La sucesión de las palabras es cacofónica, y la sucesión de los hechos, espeluznante. Se nos traban las letras en la lengua, pero deberíamos repetirlas hasta que se nos claven y duelan en el alma. Hasta que nos duelan como duelen a los inmigrantes africanos las frías, ardientes, crueles cuchillas de la valla de Mellila.
No las llaman cuchillas, sino concertinas, que suena mejor. Pero cortan igual. Una alambrada de púas enzarzada de cuchillas, para que no falte nada, para que se desgarren y se desangren hasta la última gota quienes intenten pasar.
“¡Vergogna!”, deberíamos exclamar, como exclamó el papa Francisco ante la playa de Lampedusa llena de cadáveres africanos. “¡Vergüenza!”, debían haber exclamado todos a una los obispos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal reunida en los días pasados. “¡Vergüenza!”, debió haber gritado al Gobierno español Rouco Varela en su discurso de despedida, en lugar de reclamar al Estado el cumplimiento del Concordato con el Vaticano, la reforma de la ley del matrimonio de gais y lesbianas y la sacrosanta unidad de la nación española. “La valla de Melilla es inhumana”, dijo en cambio Gil Tamayo, el nuevo portavoz de los obispos, y reconocimos de nuevo la voz del Evangelio. Sí, esa valla es inhumana.
África es el espejo de Europa y el espejo del mundo, de su inhumanidad. Lo que hacemos con África, eso somos, pues allí nacimos, de allí venimos. Sí, todos los seres humanos de hoy somos hijos e hijas de inmigrantes africanos. En África nació el género Homo hace 2,5 millones de años, y emigró a Europa hace un millón de años. Lo mismo el Homo Sapiens, nuestra especie actual: nació en África hace 200.000 años y emigró a Europa hace 40.000 años. El camino no debió de ser fácil, pero nunca se encontraron con aduanas ni con vallas de cuchillas.
Todos nacimos negros. Luego cambiamos de color para poder sobrevivir, pues la piel clara facilita la síntesis de la vitamina D a partir de la luz solar –más escasa lejos del trópico–, y la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Pero parece que la piel blanca es más propensa al cáncer de piel. No quiero ni pensar que también nos exponga más al cáncer del alma. En cualquier caso, en la piel negra del África nos hemos de mirar. Es nuestra piel. “Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos negros a mí me lo hicisteis”, nos diría Jesús, que también fue moreno de piel.
Querida Europa nuestra, admirable por tantos motivos, mírate: playas cubiertas de cadáveres, arenas del desierto llenas de niños y mujeres muertas de sed, alambradas de púas y cuchillas con cuerpos desangrados que cuelgan. He ahí tu espejo. He ahí nuestra civilización: Liberté, Égalité, Fraternité, Democracia, Derechos Humanos, ciudadanía, tanta ciudadanía. Y tanta tradición cristiana. Europa, ¿qué has hecho de tu alma? ¿Perdiste acaso la sabiduría del Sapiens cuando mudaste el color de tu piel?
¿Discurso demasiado demagógico? Sí, tal vez. Sé que la inmigración es un problema complejo. Pero nunca lo podremos resolver de esta manera. Nunca lo podremos resolver mientras olvidemos que todos somos hijos de inmigrantes. Y mientras no tengamos viva la memoria de nuestra historia, bien reciente aún, bien presente todavía, de cómo hemos invadido y saqueado países, continentes enteros, y lo seguimos haciendo, sobre todo en África. Y mientras, por poner un ejemplo, el Gobierno español no recuerde que 400.000 españoles han salido del país desde el año 2008… en calidad de emigrantes. La inmigración es un problema complejo, pero nunca lo resolveremos mientras no sintamos en nuestras carnes el dolor de las cuchillas.
Serán inútiles todas las aduanas y vallas. Lo seguirán intentando, porque lo mismo les da morir de hambre en sus países, ahogados en el mar o desangrados en una valla de cuchillas. Y desde el fondo oscuro de la tierra, de las aguas azules del mar Mediterráneo, de las arenas doradas del Sahara, desde la valla de cuchillas de Melilla, la voz de Dios nos seguirá gritando: “Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano?”.
Publicado en el DIARIO DEIA

1 diciembre 2.013: 1º Adviento (ciclo A): Con los ojos abiertos José Antonio Pagola


Enviado a la página web de Redes Cristianas


Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos en el vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y recordando sus palabras: Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. Estad alerta.
¿Significan todavía algo para nosotros las llamadas de Jesús a vivir despiertos? ¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios viviendo con los ojos abiertos? ¿Dejaremos que se agote definitivamente en nuestro mundo secular la esperanza en una última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de víctimas inocentes que sufren sin culpa alguna?


Precisamente, la manera más fácil de falsear la esperanza cristiana es esperar de Dios nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda al sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Un día tendremos que reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Este será nuestro dialogo final con él si vivimos con los ojos cerrados.
Hemos de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros pequeños intereses y preocupaciones. La esperanza del cristiano no es una actitud ciega, pues no olvida nunca a los que sufren. La espiritualidad cristiana no consiste solo en una mirada hacia el interior, pues su corazón está atento a quienes viven abandonados a su suerte.
En las comunidades cristianas hemos de cuidar cada vez más que nuestro modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia o el olvido de los pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los que mueren diariamente de hambre. No nos está permitido alimentar nuestra ilusión de inocencia para defender nuestra tranquilidad.
Una esperanza en Dios, que se olvida de los que viven en esta tierra sin poder esperar nada, ¿no puede ser considerada como una versión religiosa de cierto optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni responsabilidad? Una búsqueda de la propia salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no puede ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado hacia el más allá”?
Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el mundo es uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo actual. Cuando el Papa Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de los pobres”, nos está gritando su mensaje más importante a los cristianos de los países del bienestar.