FUNDADOR DE LA FAMILIA SALESIANA

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ATALAYA

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martes, 20 de noviembre de 2012

El Partido Popular blinda a los presidentes de las cajas intervenidas Javier Torres

Gracias a una enmienda introducida por el PP en el Congreso Rodrigo Rato, antiguo presidente de Caja Madrid, no tendrá que dar cuenta de su gestión ante la Asamblea de la entidad. Tampoco tendrán que hacerlo los presidentes de Caixa Catalunya, Bancaja, Caja Rioja o la caja gallega
Los presidentes y miembros de los consejos de administración de las cajas de ahorro intervenidas y que han perdido el control de sus bancos no tendrán que dar explicaciones ante las asambleas de sus respectivas entidades porque estas pueden no ser convocadas para transformarlas en Fundaciones Especiales, como exige la ley. Una enmienda introducida por el Partido Popular en el Congreso, durante la tramitación de la ley de restructuración bancaria, así lo va a permitir.
Rodrigo Rato, el presidente de Caja Madrid no tendrá que pasar por el trago de tener que dar cuentas de su gestión ante la Asamblea de la entidad financiera. Tampoco los presidentes de entidades como Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa; Bancaja; Caja Rioja o la caja gallega.
Y lo han conseguido evitar porque el Partido Popular, partido al que pertenece Rodrigo Rato, ha incluido una enmienda en el proyecto de ley de reestructuración bancaria durante su tramitación en el Congreso por la que las cajas intervenidas (y Caja Madrid lo es, por poner un ejemplo) no tienen que convocar su Asamblea para convertirse en Fundación Especial antes de final de año, tal y como está obligada.
La enmienda que los populares han introducido convierte de manera automática una caja de ahorro en Fundación Especial si no lo ha hecho de manera voluntaria la entidad financiera dentro de un plazo máximo de 6 meses desde su intervención.
La ley se aprobó en el senado la pasada semana.
En las Asamblea de las cajas en las que no se van a celebrar asambleas, están representados grupos políticos, sindicatos, empresarios y también, organizaciones sociales que se han mostrado muy beligerantes con la gestión de los responsables de las cajas, que incluso se han personado en querellas contra ellos porque, por ejemplo, representan a impositores que han podido perder todos sus ahorros.

Dom Pedro Casaldáliga, amenazado por invasores de Maraiwatsede

Enviado a la página web de Redes Cristianas
Nos envían a la redacción esta informacion en portugués sobre amenazas a Pedro Casaldáliga. La hemos traducido al español con el traductor de google. Disculpad que la traducción no sea del todo correcta, pero nos parece importante que al menos se pueda difundir esta información (Redacción de RR.CC)
La información que se publica en el sitio Terra de la Comisión Pastoral da – CPT

La novela de la Tierra Indígena (TI) de Maraiwatsede, situada en el Alto de Boa Vista, Mato Grosso, el Xavante, cada día tiene nuevos capítulos. A principios de la semana pasada, un grupo de mujeres, hecho manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y salió de la pista en frente del Palacio Presidencial, bloquearon el tráfico durante unos minutos.
Se buscaba revertir la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que dejó sin mandato judicial del Tribunal Federal Regional (TRF 1 º), que suspendió el juicio de intrusos (eliminación de los no indígenas) zona.
A su regreso de Brasilia, los días 9, irritado y enojado porque no han conseguido lo que querían, estos manifestantes hablaron, sin preocuparse de los otros pasajeros en el autobús, en contra de los indios y la Prelatura de São Félix do Araguaia. En un momento uno de ellos dijo: “Sabemos que todo esto es culpa de Peter Bishop, pero vamos a resolver bastante fácil, vamos a hacer una breve visita a él.”
Las amenazas no son nuevas, pero se necesita una más grave porque los atacantes de la zona de la India, después de haber logrado durante casi dos décadas para crear todos los embargos legales posibles contra su expulsión, ya están desesperados, porque los resultados son parecidos.
El 3 de noviembre, Damian hijo del jefe para volver a Garzas Bar, donde había ido para el tratamiento dejar indígena, fue perseguido por dos vehículos conducidos por personas con las que fueron reconocidas con la oficina de la Selva, el núcleo de la invasión del territorio indio Maraiwatsede . Más tarde, otros tres coches que dejar de tratar de rodear el vehículo y dirigida por él. Al tratar de escapar de la persecución, el coche volcó, dejando el inconsciente indígena. Los camioneros de conducción a lo largo del sitio rescató al conductor. El vehículo fue quemado finalmente por los perseguidores.
La historia de la agresión contra el Xavante de Maraiwatsede se extiende por casi medio siglo. Su territorio fue ocupado, la sugerencia de la década de 1960. En las inmediaciones de la aldea fue construida para albergar la Granja Suiá Missu en 1962. En 1966, los indios eran arrancados de su tierra y arrojados en otro pueblo 400 kms.
En 1980, Suiá Missu fue vendido a una empresa italiana, durante Rio/92, presionado por las entidades brasileñas e italianas, se comprometió a volver a Xavante 165.000 hectáreas.
Esto causó indignación en los agricultores y los políticos locales que, incluso en 1992, organizó la invasión de la zona de la tierra cada vez más grande y mejor y la búsqueda de familias de campesinos sin tierra o los ocupantes ilegales para ocupar el resto, por decir que la Tierra tenía un destino social.
En 1993 la zona fue declarada tierra indígena. En 1998, ya demarcadas, fue aprobado por decreto del Presidente de la República. Sin embargo, el Xavante sólo regresó en 2004, la promoción de la ocupación de su propio territorio.
Desde 1995, la acción legal ya la determinación de los intrusos en la zona, ya la suspensión de la pena, si tenían éxito. En 2012, cuando la FUNAI y el Ministerio Público Federal (MPF) ya había presentado a los intrusos Justicia planea comenzar en octubre, un juez de la TRF-1, 13 de septiembre, ordenó la suspensión de la acción. Por último, el 17 de octubre, el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió la orden judicial y el Tribunal Federal inició el 6 de noviembre, la entrega de citaciones para la eliminación de los ocupantes ilegales de sus tierras. Un grupo de trabajo, con el apoyo de la Fuerza Nacional, el Ejército y la Policía Federal, se encuentra en la zona por decisión judicial efectiva.
La Coordinación Nacional de la CPT está satisfecho con el resultado de este caso, pero no antes de darse cuenta de la diferencia de trato entre los grupos indígenas y otras comunidades tradicionales, frente a la propiedad. El Maraiwatsede es emblemático de. Los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades primitivas son sólo toleradas, sino para que tengan validez, el camino por recorrer es largo y arduo.
La prórroga indefinida de la resolución de conflictos parece ser una estrategia para socavar la resistencia de las comunidades. Multiplicar los recursos judiciales extremas, se niega la autenticidad de los documentos, se pusieron bajo sospecha autores de los informes antropológicos y otras acciones del género. Son miles de subterfugios legales, admitidas por la justicia, por los procesos, en especial el reconocimiento de territorial, no camine.
Además, los procesos que implican el “derecho de propiedad” es una agilidad impresionante. A menudo, sin necesidad de documentos que acrediten la propiedad legal y no escuchar a los que se verán afectados se emiten mandatos recuperación que se realizan rápidamente usando hasta que todo el aparato coercitivo del estado.
La Coordinación Nacional de la CPT felicita a los Xavante de Maraiwatsede por su lucha persistente de la resistencia, y presenta la Prelatura de São Félix do Araguaia y por lo que cada particular, su obispo emérito, Mons. Pedro Casaldáliga, su solidaridad, sobre todo ahora que los ataques y amenazas venideras

Gaza, la prisión al aire libre más grande del mundo Noam Chomsky (CUBASI)

Incluso una sola noche en la cárcel es suficiente para tener una idea de lo que significa estar bajo el control total de alguna fuerza externa. Y difícilmente se requiere más de un día en Gaza para apreciar lo que debe ser tratar de sobrevivir en la prisión al aire libre más grande del mundo, donde alrededor de 1,5 millones de personas en una franja de territorio de aproximadamente 140 millas cuadradas (unos 360 kilómetros cuadrados) están sometidas al terror y al castigo arbitrario, al azar. Sin más propósito que humillar y degradar. (SEGUIR LEYENDO)

La Abogacía facilita a los ciudadanos un escrito para la suspensión inmediata del desahucio

Enviado a la página web de Redes Cristianas
• Requiere al juzgado, con fundamentos jurídicos, la paralización de la ejecución hipotecaria hasta la modificación de la ley procesal por el Gobierno o que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial sobre el sistema de ejecución hipotecario español.
El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.
El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la “situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007” y las miles que se están tramitando. Hay que tener en cuenta que el artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, que en los actuales momentos exige una clara visión pro ciudadano.
El documento, fruto de la sensibilidad común sobre el tema de la vivienda de instituciones como la PAH y los Colegios de Abogados, ha sido confeccionado por de letrados de ambos organismos.
En muchos de los procedimientos seguidos, los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía.
Los desahucios masivos en el actual entorno de crisis económico-financiero y con alta tasa de desempleo conllevan a la práctica de desalojos forzosos incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
También se pide la paralización de la ejecución hipotecaria por la inminente resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la cuestión prejudicial C415/2011 planteada por el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos exigidos por la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.
La Comisión Europea, en su informe de febrero de 2012, aportado al procedimiento, advierte que la Ley de Enjuiciamiento Civil no respeta el derecho de la UE si mantiene un sistema de oposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado el lanzamiento de la vivienda del deudor y si los intereses moratorios aplicados al ciudadano fueran desproporcionados.
Además las conclusiones de la abogada general del TJUE, presentadas el pasado 8 de noviembre, son contundentes al sostener que la normativa española sobre desahucios vulnera la legislación comunitaria por ser incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con personas que han suscrito un préstamo hipotecario.
Dado el consenso jurídico de la conclusiones de la abogada general y la inmediata sentencia del TJUE, “es absolutamente necesaria la suspensión” del desahucio, por el principio de economía procesal, para evitar la promoción de un nuevo procedimiento entre las mismas partes una vez conocida la resolución de la Justicia europea.
La paralización de la ejecución hipotecaria se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que el tribunal podrá decretar –a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio “hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”, en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Abogacía Española, fruto de su sensibilidad social, puso en marcha en enero de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en la ciudad de Terrassa, gracias a un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de la ciudad catalana.
A esta iniciativa se sumaron más adelante los colegios de Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Mataró, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel, Pamplona y Jaén. Otros, como Barcelona, Tarragona, Salamanca o Bizkaia están llevando a cabo diversas gestiones para su entrada en funcionamiento.

Las Oficinas de Intermediación hipotecaria 
prestan servicio gratuito a ciudadanos de 523 municipios. En el 68%, de los casos abordados se ha llegado a un acuerdo beneficioso para los deudores, como daciones en pago con alquiler social posterior, refinanciamiento con carencias, refinanciamiento sin carencias, etc.
El coste medio de cada expediente cerrado ha sido de 166,01 euros, frente a los 3.000 euros de coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y el coste que todo el expediente judicial le supone al Estado, que hasta no hace mucho el Ministerio de Justicia cifraba en otros 3.000 euros.
Vídeo sobre las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (Jornada Alternativas al desahucio de los deudores hipotecarios. 30/03/2011) organizada por la Fundación de la Abogacía Española)
Abogacía Española, Concejo General – 14/11/2012
Las oficinas de intermediacion