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Helena Maleno
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas obliga al Estado español a hacer justicia en el caso de Lauding Sonko, inmigrante senegalés muerto en 2007 a manos de la Guardia Civil, cuando intentaba cruzar a nado hacia Ceuta.
Archivo (AP Photo)El Estado, en su defensa, explicó que los hechos habían sido archivados por un juzgado de Ceuta, pero el Comité considera que “cabe al Estado parte explicar las circunstancias de la muerte del Sr. Sonko, toda vez que le han rescatado con del agua con vida.
El Comité considera, asimismo, que independiente del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado el flotador del Sr. Sonko o a qué distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaran la muerte”. Ya que el comité observa que “los guardias civiles mantuvieron el control sobre las personas a bordo y eran por tanto responsables de su integridad”.
Además, el Comité considera la imposición de “sufrimiento físico y mental antes de su muerte, agravada por la particular vulnerabilidad del autor como migrante”. El Comité condena al Estado español por violación de los artículos 16 y 12 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
El comité “insta al Estado parte a efectuar una investigación adecuada e imparcial de los hechos que se produjeron el 26 de septiembre de 2007, a perseguir y condenar a las personas responsables de esos actos y a conceder una reparación integral que incluya una indemnización adecuada a la familia del Sr. Sonko… el Comité desea recibir en un plazo de 90 días, a partir de la fecha de transmisión de la presente decisióm, información sobre toda medida que hay adoptado en respuesta a las observaciones formuladas supra”.
El caso de Lauding, que acabó en una tragedia irreparable, forma parte de una lista interminable de devoluciones ilegales e inhumanas efectuadas en la frontera de Ceuta.
El protocolo de devoluciones aplicado por la Guardia Civil a Sonko consistía en recoger a los inmigrantes mientras estaban nadando, subirlos al barco, y volver a tirarles al agua, para que volviesen a nadar en dirección a la playa marroquí. Muchas personas que habían sufrido esta práctica llegaban extenuadas, con hipotermias y eran detenidas por la gendarmería marroquí. Se quejaban también los inmigrantes que los guardias civiles les hacían fotos antes de volver a obligarles a nadar.
Así fue devuelto dos veces Smael, tras haber pedido asilo. Una de las veces casi pierde la vida y tuvo que recibir asistencia médica en Castillejo, ciudad fronteriza con Ceuta. “No me extrañó la muerte de Sonko, lo que me sorprende es que no hayan muerto muchos más, aunque claro no cuentan las personas desaparecidas a las que sus familias siguen buscando. La familia de Sonko al menos tiene la suerte de saber lo que pasó con él y dónde está enterrado”, Smael habla desde un profundo dolor porque en una de esas “deportaciones” de nuestras fuerzas de seguridad estuvo desaparecido para amigos y familiares durante quince días.
Lo peor de todo esto es que la muerte de Sonko no fue provocada por unos guardias civiles actuando de forma arbitraria, sino por un cuerpo de seguridad que cumplía órdenes de la Delegación de Gobierno de Ceuta. Esta práctica era institucional, lo que dificultó las investigaciones del caso Sonko y provocó que nuestra justicia ordenase el archivo de las actuaciones derivadas del fallecimiento de Launding.
Sonko fue trasladado al cementerio de Santa Catalina de la ciudad autónoma y enterrado como un número. Otros compañeros en el bosque de Ben Younes, próximo a Ceuta, habían guardado algunas de sus pertenencias. Entre ellas, había unas pulseras y la carta de inscripción consular. Con ese documento se logró poner nombre y apellidos a la víctima. Tras diversas averiguaciones se contactó con su familia en Senegal y con otros familiares residentes en Almería.
Sonko no estaba solo aquella madrugada del 26 de septiembre de 2007, las tres personas que le acompañaban, dos hombres jóvenes y una mujer de cincuenta y dos años, fueron deportadas al desierto, en la zona de Argelia, tras ser detenidas por las autoridades marroquíes. Así, se perdían los testigos de un hecho delictivo.
Buscarles no fue fácil pero no hubo ninguna dificultad en que colaborasen en dar su testimonio sobre los hechos, mostrando una gran valentía y solidaridad con su compañero muerto.
El relato de los testigos y también víctimas de tortura, daba luz a lo que había sucedido esa madrugada.
“El barco que nos ha sacado del agua se ha dirigido hacia la costa marroquí. Los guardias nos han empujado al agua. Antes de ello, uno de los guardias ha sacado un cuchillo y pinchado los salvavidas de los hombres. El chico costamarfileño vomitaba porque estaba muy cansado y gritaba que por favor no le tiraran que quería pedir asilo, que era refugiado. En ese momento uno de los guardias civiles le ha dado un golpe en la nuca y también le han tirado al agua. El costamarfileño se las ha arreglado para llegar a la playa.
El senegalés gritaba que no sabía nadar, y gritaba constantemente que no sabía nadar, y los guardias le han tirado al agua y reían, parecía como si pensaran que todo era una broma. Al principio se ha agarrado a algo del barco, pero los guardias le han soltado del barco a la fuerza. Ya en el agua, el chico senegalés ha bajado y subido a la superficie tres veces y a la tercera ya no gritaba y entonces uno de los guardias, se ha tirado al agua para sacarle.
Ya en la costa, en el lado marroquí de Ben Youness, estábamos los cuatro en la playa. El costamarfileño había perdido el conocimiento por el esfuerzo y estaba medio ahogado. El senegalés estaba muerto.
La gendarmería marroquí se ha quedado con nosotros pero le ha dicho a la Guardia Civil que el muerto era de ellos, que ellos lo habían provocado.
Del lado español ha llegado la ambulancia. La guardia civil ha abierto la puerta de la frontera y dos camilleros han entrado unos metros, dos guardias han metido al senegalés sobre la camilla y le han transportado hasta la ambulancia española junto con los guardias.
Hemos pasado tres días en el puesto de la gendarmería a unos cincuenta kilómetros de Tánger, después nos han tirado a la frontera de Argelia”.
Después de identificada a la víctima y obtenidas las pruebas, la profesionalidad, la paciencia y el tesón del gran abogado Alberto Revuelta han hecho ver la luz de la justicia después de cuatro años. Mostrando así que el trabajo con migrantes debe salir del asistencialismo, tan cómodo para el Estado, y asentarse en la lucha por los derechos humanos y la recuperación de la ciudadanía.
Las fronteras no pueden ser territorios sin ley de nuestra monarquía bananera. En Ceuta y en Melilla debe aplicarse la ley de procedimiento administrativo de negación de entrada y respetarse los Convenios Internacionales firmados por el Estado español.
Esperemos que esta condena sirva de precedente y logre frenar las vulneraciones diarias de derechos que se producen allí donde es fácil hacer desaparecer a las víctimas.
